El Gobierno decidió no avanzar con la eliminación del precio fijo de los libros después de semanas de polémica. Librerías y editoriales habían advertido que la desregulación podía golpear especialmente a los comercios independientes.
El Gobierno de Javier Milei frenó la reforma de la Ley del Libro y confirmó que la iniciativa no será enviada al Congreso. La decisión llega después de una fuerte reacción del sector editorial y librero, que venía advirtiendo sobre las consecuencias que podía provocar la eliminación del sistema de precio fijo.
La propuesta había surgido desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger. El proyecto buscaba modificar la Ley 25.542 y permitir que cada comercio pudiera ofrecer descuentos y promociones sin las restricciones que actualmente establece la normativa.
Sin embargo, después de semanas de controversia, la iniciativa quedó afuera de la agenda legislativa. Patricia Bullrich sostuvo que el oficialismo concentrará sus esfuerzos en reformas que considera más estructurales y dejó en claro que, por ahora, las librerías no estarán entre las prioridades del Gobierno.
EL PLAN DESREGULADOR ENCONTRÓ UN LÍMITE
La discusión no era menor. Desde el Gobierno defendían la reforma con el argumento de que una mayor competencia permitiría conseguir libros más baratos. Para buena parte del mundo editorial, detrás de esa promesa podía esconderse un escenario mucho más complicado.
Libreros y pequeños editores advirtieron que las grandes cadenas, supermercados y plataformas digitales cuentan con una espalda económica imposible de igualar para una librería de barrio. Según esa posición, podrían reducir fuertemente el precio de los títulos más vendidos durante un determinado período hasta desplazar a competidores más pequeños.
Después vendría el verdadero problema: menos librerías, menor diversidad de títulos y una concentración cada vez mayor del mercado.
El debate volvió a mostrar una tensión que se repite dentro del programa económico oficial. La Casa Rosada sostiene que desregular genera competencia y mejores precios. Los sectores afectados responden que competir sin condiciones semejantes puede terminar beneficiando al jugador con mayor poder económico.
LAS LIBRERÍAS DIERON PELEA
La resistencia fue amplia. Librerías independientes, editoriales y referentes de distintos tamaños cuestionaron la eliminación total del precio fijo y llevaron sus planteos hasta el Congreso.
No todos defendieron que la norma permanezca intacta. Dentro del propio sector existen voces que reconocen que una ley creada antes de la explosión del comercio digital necesita actualizarse. La diferencia está en cómo hacerlo.
Una modernización consensuada aparece como una posibilidad. La eliminación completa del sistema, en cambio, despertó el temor de que el mercado quedara librado a una competencia profundamente desigual.
Ese fue uno de los puntos centrales de la polémica. Una librería pequeña paga alquiler, salarios, servicios e impuestos. Al mismo tiempo, debe competir con enormes plataformas capaces de utilizar un best seller como producto de atracción y recuperar rentabilidad mediante miles de otros artículos.
EL GOBIERNO TERMINÓ GUARDANDO EL PROYECTO
Finalmente, Milei confirmó que la modificación de la Ley del Libro no será tratada en el Congreso. Desde el oficialismo aseguran que existe coordinación interna y que la decisión responde a la estrategia legislativa definida por la conducción política.
En los hechos, el proyecto que había provocado preocupación entre libreros y editores quedó congelado.
El episodio también expone las dificultades que enfrenta el Gobierno cuando su programa de desregulación toca actividades profundamente vinculadas con la vida cultural argentina. Una librería no solamente vende un producto. En pueblos, ciudades y barrios funciona además como espacio cultural, punto de encuentro y canal para autores que difícilmente encuentran lugar dentro de los grandes circuitos comerciales.
Por ahora, la motosierra desreguladora no llegará a las estanterías.
La presión del sector consiguió ponerle un freno a una reforma que parecía avanzar. La Ley del Libro seguirá vigente y el precio fijo continuará funcionando mientras el Gobierno busca otras batallas legislativas.
En una Argentina atravesada por el ajuste, la caída del consumo y el cierre de comercios, el debate dejó una pregunta que sigue abierta: ¿hasta dónde puede llegar la desregulación sin llevarse puestos a los pequeños actores que pretende hacer competir?
