El Poder Ejecutivo Nacional formalizó el avance del proceso licitatorio para concretar la privatización integral y el traspaso a manos privadas de Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa pública que administra la columna vertebral del transporte de carga ferroviario en la República Argentina a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El plan oficial no solo contempla la concesión de más de 7.600 kilómetros de tendido operativo, sino también la venta de locomotoras, vagones y la liquidación de talleres históricos bajo un esquema de desguace patrimonial.
La medida encendió de inmediato una fuerte rebelión política y productiva en las provincias del Norte Grande (Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja, Misiones y Corrientes). Los mandatarios provinciales y las entidades agropecuarias del interior advierten que el repliegue del Estado del transporte ferroviario dejará a los pequeños y medianos productores a merced del oligopolio del flete camionero y de operadores logísticos privados, encareciendo hasta un 40% el costo de traslado de granos, minerales y manufacturas hacia los puertos del Gran Rosario y Buenos Aires.
Veto geopolítico y parálisis de inversiones Uno de los puntos más polémicos del pliego de condiciones radica en la incorporación de cláusulas de exclusión geopolítica dirigidas a vetar la participación de empresas estatales de la República Popular China. La decisión choca directamente con la realidad material de la red: durante la última década, los principales acuerdos bilaterales de financiamiento que permitieron renovar miles de kilómetros de vías, puentes y adquirir material rodante 0 km provinieron de convenios de infraestructura con Beijing (como CMEC).
Al clausurar esa vía por alineamiento dogmático con Washington y no garantizar inversión pública nacional, el trazado ferroviario del interior queda expuesto a un deterioro irreversible, dejando sin mantenimiento los ramales secundarios que no resulten de alta rentabilidad inmediata para los consorcios privados concentrados.
La advertencia gremial y la resistencia en las vías Desde la Unión Ferroviaria y el sindicato de maquinistas La Fraternidad ratificaron el estado de alerta nacional frente al riesgo directo que pesa sobre más de 4.500 puestos de trabajo ferroviarios calificados. Los gremios recordaron la trágica experiencia de las privatizaciones de la década de 1990 bajo el lema “ramal que para, ramal que cierra”, que provocó el aislamiento de centenares de pueblos, la emigración forzada de familias y la primarización absoluta de la economía regional.
La doctrina justicialista: Las vías como arterias de la soberanía Para la doctrina de Info del Plata, el ferrocarril es la expresión material de la Soberanía Política y la Independencia Económica. El 1° de marzo de 1948, el General Juan Domingo Perón recuperó los ferrocarriles de manos del capital británico para ponerlos al servicio exclusivo de la producción nacional y la integración del pueblo. El tren de cargas no debe medirse bajo la estrecha lógica de un balance financiero de corto plazo, sino como una herramienta de desarrollo federal que nivela las desigualdades geográficas y potencia a las economías regionales.
Regalar el patrimonio ferroviario edificado con el esfuerzo de generaciones de argentinos para satisfacer el negocio de cuatro exportadoras y operadoras financieras constituye una traición a los intereses de la Patria. La soberanía logística no se privatiza: se defiende garantizando vías estatales, producción industrial local y fletes accesibles para los trabajadores y la burguesía nacional del interior profundo.
