Si pensabas que el ajuste lo iba a pagar “la casta”, te invitamos a mirar la boleta de luz de cualquier fábrica del conurbano o del interior del país. Detrás de los discursos grandilocuentes y los viajes al exterior del Presidente, se está ejecutando un industricidio silencioso y letal. La desregulación del mercado energético, esa bandera que el gobierno levanta como un trofeo, no es más que una sentencia de muerte para las PyMEs argentinas.
En las últimas horas, los dueños de pequeñas y medianas empresas, los verdaderos motores del empleo en nuestro país, hicieron sonar las alarmas: enfrentan subas de hasta el 300% en la energía. No hay estructura de costos que resista este sablazo. Y la matemática de esta tragedia es simple: cuando la fábrica no puede pagar la luz, se apagan las máquinas. Cuando se apagan las máquinas, tu hijo, tu yerno o tu nieto se quedan sin trabajo.
El relato libertario habla de “precios libres” y “sinceramiento”. Pero lo que estamos presenciando es un saqueo a plena luz del día. Se le quita la rentabilidad al empresario nacional que arriesga y da trabajo, para garantizarle ganancias extraordinarias a cuatro o cinco monopolios energéticos que giran sus dividendos al exterior. Es un modelo extractivista que no busca producir, sino exprimir.
No es ineficiencia, es dogmatismo puro. Destruir el aparato productivo nacional para complacer a los mercados financieros no es una política de Estado, es una traición al esfuerzo de generaciones de argentinos. Si el gobierno no frena este tarifazo demencial, el tan publicitado “rebote” económico no será más que el eco vacío en los galpones abandonados de nuestra industria.
