En un intento por encontrar culpables externos al descalabro del plan económico, el presidente Javier Milei sorprendió al país al aseverar que su administración expulsó a más de 30.000 “terroristas internacionales” que supuestamente operaban en el territorio para hacer colapsar sus reformas fiscales. El número, lanzado sin el menor pudor técnico ni respaldo documental, colisionó de inmediato contra la pared burocrática y legal de su propia gestión: ni la Dirección Nacional de Migraciones, ni el Ministerio de Seguridad, ni las áreas operativas de la SIDE poseen constancia alguna de semejante éxodo forzado.
La maniobra excede el mero error de cálculo o la hipérbole discursiva. Plantear la deportación de 30.000 personas equivaldría logísticamente al fletamiento de cientos de vuelos chárter internacionales y a una crisis diplomática multilateral sin precedentes en América Latina. La realidad es mucho más terrenal y patética: no hubo aviones, no hubo operativos de frontera, no hubo alertas rojas de Interpol ni convenios de extradición ejecutados. Solo hubo un micrófono oficial y la necesidad imperiosa de desviar la mirada pública del verdadero foco de conflicto: la calle y los bolsillos vacíos.
La elección perversa de una cifra histórica
No pasa desapercibido para el análisis doctrinario que el Presidente haya elegido precisamente el número “30.000”. En un país marcado a fuego por el terrorismo de Estado y la lucha inclaudicable por los Derechos Humanos, la evocación de esa cifra no es casual ni inocente. Representa una provocación calculada desde la cúspide del poder para forzar la polarización en las redes sociales, ganar minutos en la agenda mediática y polarizar con la memoria popular, mientras por debajo de la mesa se ejecutan resoluciones administrativas que asfixian la vida material de los argentinos.
La gravedad institucional radica en que son las propias fuentes de seguridad del Estado las que, en estricto resguardo del orden profesional, tuvieron que filtrar a los medios que no existe informe alguno que avale la tesis de una conspiración terrorista de masas. La Secretaría de Inteligencia de Estado, dotada de presupuestos millonarios en gastos reservados por este mismo gobierno, admitió puertas adentro que el número presidencial carece de toda base empírica. El Presidente quedó desautorizado por sus propios organismos técnicos.
El enemigo ficticio frente a la tragedia real
El verdadero sabotaje a la estabilidad nacional no proviene de células terroristas foráneas, sino de las planillas de cálculo del Palacio de Hacienda. La fabricación de conspiraciones extracontinentales busca que el jubilado que hoy no puede costear la canasta básica de medicamentos del PAMI piense que su padecimiento no es fruto de la insensibilidad gubernamental, sino de oscuras fuerzas internacionales que atentan contra la patria.
El peronismo ha sostenido históricamente que la única política de seguridad verdadera es aquella que nace de la justicia social y el cuidado estricto de la soberanía. Los países serios resguardan sus fronteras con radares, fuerzas armadas equipadas y control migratorio riguroso, no con fábulas de Twitter para tapar la caída de las ventas en los almacenes de barrio. La doctrina nacional nos enseña que un gobierno que teme a su propio pueblo termina siempre inventando fantasmas para no escuchar el reclamo del pan y del trabajo.
