El plan de liquidación de los activos públicos entró en una fase crítica que afecta directamente a la vida cotidiana de más de catorce millones de personas. Esta mañana, en los despachos del Ministerio de Economía, se ultimaron los detalles para la apertura de sobres de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la entrega del 90% de su capital social a manos privadas.
Los dos únicos conglomerados que quedaron en carrera para quedarse con el control monopólico de la red de agua potable y cloacas más grande del país son Rowing S.A. y el grupo Roggio (ROAS S.A.U.).
El negocio del agua y la factura en la mesa del laburante
La transferencia del servicio a la órbita privada no llega acompañada de planes de expansión de red para los barrios vulnerables ni de inversiones comprobables en saneamiento. Por el contrario, el pliego licitatorio habilita revisiones tarifarias periódicas indexadas por costos dolarizados, lo que se traducirá de inmediato en boletas impagables para los hogares y los pequeños comercios de barrio.
La experiencia histórica demuestra el destino de este modelo: en la década del noventa, la concesión a manos privadas derivó en desinversión sistemática, contaminación de napas por falta de tratamiento y una salida intempestiva que obligó al Estado nacional a hacerse cargo de una deuda millonaria para reconstruir la infraestructura básica.
Análisis Doctrinario
Para el peronismo doctrinario, el acceso al agua potable y a las cloacas es una condición innegociable de la justicia social y la salud pública. No puede existir soberanía política si un conglomerado financiero internacional o sus socios locales deciden quién tiene derecho a abrir la canilla y quién no. El agua es un bien social supremo, no una timba para equilibrar de manera artificial las cuentas del Ministerio de Economía. Transferir el patrimonio hídrico nacional es atentar contra la seguridad estratégica de las futuras generaciones.
