En reuniones a puertas cerradas, emisarios del Poder Ejecutivo ofrecieron partidas para rutas a legisladores aliados y provinciales para evitar que se derogue el decreto que libera la venta de tierras fronterizas a extranjeros. Sospechas y carpetazos en los pasillos del Congreso.
En los pasillos del Palacio Legislativo el aire se corta con un cuchillo. Según información exclusiva a la que tuvo acceso esta redacción, el equipo político del Gobierno nacional montó una mesa de emergencia para desactivar la sesión especial que busca anular la flexibilización de la Ley de Tierras y frenar la extranjerización masiva de zonas limítrofes en la Patagonia y la Cordillera de los Andes.
La moneda de cambio que el Secretario de Hacienda puso sobre la mesa ante diputados de bloques provinciales no fue ideológica: fue asfalto y fondos para rutas. Tras haber paralizado el 100% de la obra pública durante meses y hundir a las economías regionales, el oficialismo promete ahora reactivar proyectos de infraestructura vial a aquellos mandatarios que garanticen el faltazo de sus legisladores para dejar sin quórum la sesión que define el blindaje de la soberanía.
El peligro sobre Vaca Muerta y los acuíferos patagónicos
Lo que está en juego detrás de esta rosca clandestina no es una simple disputa parlamentaria, sino el control físico de los recursos estratégicos de las próximas décadas. Provincias como Neuquén, Río Negro y Chubut advierten que el decreto vigente ya está siendo utilizado por fondos qataríes, magnates estadounidenses e inversores europeos para sondear la compra de enormes latifundios que contienen accesos exclusivos a cursos de agua dulce, reservas de litio y áreas adyacentes a Vaca Muerta. El silencio cómplice de algunos mandatarios provinciales ante esta avanzada ya está generando un repudio generalizado en asambleas de vecinos y cámaras de turismo local, que ven cómo se alambran lagos y montañas impidiendo el acceso público.
Desconfianza y presión social
La maniobra de la Casa Rosada encuentra una resistencia que crece hora tras hora. Mandatarios de las provincias del sur miran la oferta de asfalto con extrema desconfianza: temen pagar un costo político irreparable ante sus propios pueblos si convalidan que la bandera extranjera se plante en sus recursos naturales. “Nos ofrecen migajas de obras que ellos mismos paralizaron para que les regalemos el subsuelo a BlackRock; es una extorsión”, admitió a este medio un operador de la bancada federal bajo estricta reserva de su identidad.
