Tras la protesta en la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano radicó una denuncia penal contra los estudiantes que reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. Rectores y docentes repudiaron la medida intimidatoria y convocan a copar las calles el próximo 15 de octubre.
El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario traspasó esta mañana una línea institucional intolerable. Lejos de acatar la orden de la Justicia Federal que frenó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una denuncia penal contra los dirigentes estudiantiles que encabezaron la permanencia pacífica en el Palacio Pizzurno.
La presentación judicial busca imputar a los jóvenes por “usurpación y resistencia a la autoridad”, una carátula desmedida que tiene un único propósito: amedrentar a las asambleas estudiantiles que se multiplican en la UBA, La Plata, Córdoba, Rosario y todo el territorio nacional ante la asfixia salarial de los docentes y el corte de partidas para investigación.
Los rectores en el Cabildo y la marcha inminente
En respuesta inmediata a la embestida judicial del oficialismo, los rectores de las casas de altos estudios se congregaron en un acto de enorme carga simbólica en el Cabildo de Buenos Aires. Allí advirtieron que la judicialización de la protesta es el síntoma de una administración desorientada que prefiere mandar a la policía antes que girar los fondos aprobados por el Congreso de la Nación.
“No nos van a quebrar con causas judiciales armadas en despachos ministeriales. Si el Gobierno cree que con intimidaciones va a vaciar las aulas, el 15 de octubre va a ver a millones de argentinos en la calle defendiendo la educación de sus hijos”, manifestaron desde el frente interuniversitario.
