A través de una nueva resolución interna, la obra social de los jubilados redujo drásticamente el listado de remedios esenciales con subsidio del 100%, trasladando el costo a los afiliados. Con haberes mínimos que apenas rozan la subsistencia y un refuerzo nominal congelado, la decisión empuja a millones de abuelos a elegir entre comer o medicarse.
La política de motosierra fiscal descargó esta mañana un nuevo golpe directo sobre el eslabón más vulnerable de la sociedad argentina. Las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) confirmaron la entrada en vigencia de una reestructuración de su vademécum que excluye a una treintena de principios activos de la cobertura médica total, limitándolos a descuentos parciales que van del 40% al 60%.
La medida afecta de lleno a tratamientos de alta prevalencia en la tercera edad, entre los que se destacan antihipertensivos, protectores gástricos para tratamientos prolongados, anticoagulantes y analgésicos para dolencias osteoarticulares severas. Desde los colegios de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal ya advirtieron que la caída en la dispensa de estos fármacos promedia el 25% en los últimos meses, un indicador directo de que los pacientes interrumpen sus terapias por falta de ingresos.
Bono planchado y medicamentos dolarizados
El recorte sanitario se combina con una asfixia monetaria sin tregua. Desde el Palacio de Hacienda confirmaron que el bono compensatorio de 70.000 pesos se mantendrá sin actualización nominal hasta el cierre del ejercicio 2026. Al haber permanecido congelado durante meses frente a una inflación acumulada que en el rubro salud y servicios duplicó al índice general, el poder de compra de la jubilación mínima cayó a niveles comparables con la crisis de 2001.
En los mostradores de los centros de jubilados de todo el país la escena se repite a diario: recetas que quedan sin retirar, cajas fraccionadas de pastillas y abuelos que recurren a la solidaridad vecinal para adquirir fármacos básicos. Mientras el Ministerio de Economía exhibe con orgullo el balance de caja ante organismos de crédito internacional, la contracara es el deterioro irreversible de la salud pública de los adultos mayores.
La advertencia de los especialistas médicos
Sociedades médicas y gerontológicas emitieron un documento conjunto en el que advierten sobre las consecuencias sanitarias de esta medida. “Cuando un paciente de más de 70 años deja de tomar su medicación para la presión o para la diabetes por motivos económicos, el desenlace inevitable a mediano plazo es el colapso de las guardias de terapia intensiva por accidentes cerebrovasculares o infartos agudos”, señalaron. Lejos de constituir un ahorro real para las arcas estatales, la quita de medicamentos preventivos multiplica los costos operativos del sistema hospitalario y precipita desenlaces fatales que pudieron haberse evitado.
