En una maniobra orquestada desde la Casa Rosada, los bloques oficialistas impidieron el funcionamiento de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, donde autoridades del CIN y federaciones estudiantiles iban a denunciar el ahogo salarial. La respuesta en las calles será contundente: este jueves el país vuelve a marchar en defensa de las aulas.
El temor político a la movilización popular paralizó la actividad parlamentaria. En una jugada de último momento coordinada entre la presidencia de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Capital Humano, el oficialismo resolvió no convocar a la Comisión de Educación, frustrando el encuentro formal donde rectores de las sesenta y cinco universidades públicas nacionales, secretarios generales de los gremios docentes y representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) iban a detallar el estado terminal del sistema superior.
La cita legislativa había sido solicitada con carácter de urgencia por los bloques opositores ante la negativa del Poder Ejecutivo de acatar la orden de la Justicia Federal que ordenó reponer los fondos de la Ley de Financiamiento Universitario. En lugar de dar la cara y argumentar sobre las partidas presupuestarias, la conducción de la comisión optó por cerrar las persianas del salón plenario, dejando a las autoridades académicas y a los delegados estudiantiles en los pasillos del Congreso.
Vigilias, tomas y paro total en las facultades
La maniobra de bloqueo generó una indignación inmediata en los claustros. Desde la madrugada, decenas de facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Córdoba, Rosario, Cuyo y Comahue permanecen tomadas pacíficamente o bajo régimen de vigilia con clases públicas sobre la calle. En paralelo, el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificó un paro total de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo, anticipando que la movilización de este jueves hacia el Congreso y en todas las capitales provinciales superará los registros históricos del cuatrimestre anterior.
El descontento ya no se limita al sector docente. Investigadores del Conicet, colegios profesionales, pequeñas y medianas empresas proveedoras de insumos científicos y organizaciones de la sociedad civil confirmaron su adhesión activa a la columna federal. El reclamo es unánime: sin presupuesto para salarios, gastos operativos y becas de comedor, más de dos millones de estudiantes ven amenazada su continuidad pedagógica antes de fin de año.
El relato del déficit cero contra la realidad del aula
Desde el Palacio de Hacienda continúan sosteniendo que cualquier ampliación presupuestaria pone en riesgo el superávit primario, ignorando que el costo de la ley vetada apenas representa el 0,14% del Producto Bruto Interno. Mientras el oficialismo festeja el congelamiento de fondos ante operadores de la City porteña, la realidad cotidiana de las facultades se traduce en falta de reactivos en laboratorios de investigación, cortes preventivos de luz para ahorrar energía y docentes con salarios de pobreza que renuncian a sus cargos tras décadas de trayectoria. El intento de acallar a los rectores en el Parlamento desnudó la soledad política de un proyecto que busca el arancelamiento encubierto de la enseñanza pública.
