El dogma del libre despido ya tiene marco normativo. Mediante una resolución técnica de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Secretaría de Trabajo, la administración libertaria reglamentó el Fondo de Cese Laboral (FAL), consagrando el mecanismo por el cual las patronales podrán sustituir la histórica indemnización por despido por un esquema de capitalización privada administrado por bancos y aseguradoras.
Bajo el elegante ropaje de la “seguridad jurídica” y la “modernización de las relaciones de trabajo”, el Gobierno acaba de propinar el golpe más severo al derecho laboral argentino desde el restablecimiento democrático. La letra chica publicada en el Boletín Oficial ratifica los peores temores de la clase trabajadora: despedir a un empleado con veinte o treinta años de antigüedad pasará a costar exactamente lo mismo que desprenderse de un contrato eventual.
El desguace del principio protectorio El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece con meridiana claridad la “protección contra el despido arbitrario”. Esa cláusula histórica, fruto de las luchas del movimiento obrero organizado, tenía como objetivo disuadir la cesantía injustificada y garantizar que el trabajador desplazado contara con un resarcimiento económico equivalente al tiempo de su vida entregado a la producción.
Con la entrada en vigencia del Fondo de Cese, ese principio protectorio queda formalmente demolido. A partir de ahora, el empleador aportará un porcentaje mensual a una cuenta fiduciaria. Si la empresa decide prescindir del personal —incluso de manera intempestiva y sin causa alguna—, el trabajador ya no cobrará la indemnización prevista por ley, sino lo que haya acumulado en ese fondo, sometido a los vaivenes de la inflación y las comisiones bancarias.
Un negocio de la timba a costa de la producción Lo más perverso del nuevo esquema no reside únicamente en la desprotección del operario, sino en el destino de los recursos. La masa salarial destinada al cese laboral quedará inmovilizada en carteras de inversión gestionadas por el sistema financiero. En lugar de que el dinero circule en el consumo interno y apuntale las ventas de las verdaderas PyMEs industriales de nuestro país, servirá para engordar la liquidez de los bancos y alimentar las bicicletas de deuda pública.
Para la burguesía nacional que fabrica, produce y reinvierte en suelo argentino, esta medida es un salvavidas de plomo: ningún taller ni fábrica se salva porque sea más fácil despedir, sino cuando el pueblo tiene salario suficiente para comprar lo que se produce.
Hacia la precarización total El modelo económico actual concibe al ser humano como un insumo prescindible en una hoja de balance. Le exigen al trabajador argentino que renuncie a su estabilidad, mientras los jerarcas del régimen celebran en foros internacionales el “fin de los privilegios laborales”. La realidad es cruda: cuando no hay indemnización, no hay libertad de réplica, no hay reclamo salarial posible y la capacidad de resistencia del trabajador queda aniquilada. La entrega de los derechos laborales ya no es una amenaza teórica; comenzó formalmente a operar por resolución administrativa.
