El experimento absolutista de gobernar la Argentina mediante un bando imperial acaba de recibir su notificación de desalojo. Mientras Javier Milei ensaya discursos en París y descorcha champán con funcionarios en el Viejo Continente, en el Palacio Legislativo de Buenos Aires se desató un terremoto político: una mayoría transversal de bloques opositores presentó la solicitud formal para sesionar y rechazar de plano el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.
La maniobra legislativa tomó a las autoridades de la Cámara Baja en absoluta orfandad operativa. Martín Menem, habituado a dilatar los tiempos parlamentarios y apelar a tecnicismos de reglamento, vio evaporarse su margen de maniobra. Con el número de firmas suficiente para garantizar el quórum y la votación, el oficialismo enfrenta la que será su derrota parlamentaria más demoledora desde el inicio de la gestión.
El principio del fin para la estafa desreguladora El DNU 70/23 no fue una herramienta de gestión cotidiana; fue el misil normativo diseñado por Federico Sturzenegger y los grandes grupos concentrados para dinamitar el orden social y económico del país. Al amparo de ese decretazo inconstitucional, las empresas de medicina prepaga aumentaron sus cuotas a niveles impagables expulsando a miles de jubilados del sistema; se derogó la Ley de Alquileres dejando a los inquilinos a merced de contratos usurarios en dólares; y se desmanteló la Ley de Tierras para permitir que capitales extranjeros compren zonas de frontera y fuentes de agua dulce sin control.
Al tener ya la condena y el rechazo explícito del Senado de la Nación, la estocada final de la Cámara de Diputados significará la derogación formal y total del decreto conforme a la Ley 26.122. En términos llanos: la norma fenece y pierde toda validez hacia el futuro, abriendo un escenario de litigiosidad y retroceso para las corporaciones que lucraron con este vacío legal.
El miedo de Balcarce 50 a la democracia real La desesperación de los operadores libertarios en los pasillos del Congreso desnuda la fragilidad institucional del régimen. Acostumbrados a la prepotencia del monólogo televisivo y a la agresión coordinada en redes sociales, los representantes del oficialismo no saben cómo funciona la democracia representativa cuando no median las billeteras discrecionales ni el disciplinamiento punitivo.
Gobernar como si la Constitución fuera un folleto prescindible tiene un límite, y ese límite es la soberanía popular expresada en el Parlamento. La caída inminente del DNU 70/23 no es un simple triunfo de la oposición: es la restitución del freno republicano frente a un gobierno que confundió el sillón de Rivadavia con un trono colonial.
