Las cifras del aparato productivo argentino han dejado de reflejar una recesión pasajera para dar cuenta de una devastación estructural sin precedentes recientes. De acuerdo con los registros consolidados de cámaras fabriles, entidades PyME y padrones de seguridad social, desde la asunción del gobierno libertario han bajado sus persianas en forma definitiva más de 31.300 pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho del territorio nacional. La cifra equivale a la desaparición del 6,1% del entramado productivo activo en apenas meses de gestión.
El epicentro del colapso se localiza en el corazón manufacturero del país. En el sector metalúrgico, termómetro directo de la actividad industrial pesada y del empleo calificado, los informes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) revelan que el 60% de la capacidad instalada permanece ociosa. Máquinas apagadas, galpones a oscuras, suspensiones masivas y despidos por goteo trazan la geografía cotidiana de los cordones industriales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
El estrangulamiento deliberado del mercado interno
El cierre masivo de talleres, fábricas y comercios de cercanía responde a una pinza letal diagramada desde el Palacio de Hacienda. Por un lado, la caída vertical del poder adquisitivo de los salarios y la pulverización sistemática de las jubilaciones mediante vetos y licuaciones pulverizaron el consumo popular: seis de cada diez familias argentinas manifiestan quedarse sin presupuesto antes de alcanzar el día 20 del mes, limitando sus compras estrictamente a alimentos de segundas marcas o suprimiendo comidas.
Por otro lado, la asfixia tributaria combinada con tarifazos energéticos del 700% en electricidad y gas, sumada a la desregulación aduanera que facilita el ingreso de productos terminados del sudeste asiático a precios predatorios, coloca a la pequeña y mediana industria en una situación de inviabilidad absoluta. No se trata de una supuesta “falta de competitividad”, sino de una política económica diseñada para primarizar la estructura del país y liquidar a la burguesía nacional.
El falso éxito del superávit sobre el cementerio fabril
Mientras los voceros oficiales celebran metas fiscales ante foros financieros internacionales y organismos de crédito, la contracara del promocionado déficit cero es la destrucción del valor agregado nacional. La timba financiera y el carry trade han reemplazado a la inversión reproductiva. Los bancos no prestan para la compra de bienes de capital ni para la modernización tecnológica: absorben rentas en títulos públicos mientras el aparato industrial se remata como chatarra.
Para los trabajadores y los jubilados, la desaparición de más de 31.000 empresas representa una herida social irreparable. Detrás de cada persiana que cae hay oficios perdidos, aportes previsionales que dejan de ingresar a la ANSES y familias arrojadas a la informalidad, la changa o la desocupación abierta. El sistema previsional no se desfinancia por exceso de derechos, sino por la aniquilación de la mano de obra formal que sostiene a las generaciones pasadas.
La respuesta doctrinaria: gobernar es crear trabajo
La doctrina justicialista estableció que el capital debe estar al servicio de la economía, y la economía al servicio del bienestar social. Como sostenía Juan Domingo Perón, la riqueza de una nación no se mide en balances bursátiles ficticios, sino en el humo de sus chimeneas encendidas, en la potencia de sus talleres y en la mesa digna de sus trabajadores.
El experimento anarcocapitalista ha demostrado ser la antítesis de la Comunidad Organizada: pulveriza el tejido social, rompe las cadenas de valor que unían al taller de barrio con la gran fábrica y entrega el patrimonio argentino a monopolios extranjeros. Reconstruir la patria exige poner fin a este genocidio productivo, restablecer la soberanía sobre nuestros recursos y devolverle a la industria y al trabajo nacional el lugar central que jamás debieron perder.
