Detrás de los gráficos que el oficialismo exhibe en conferencias de prensa y de las celebraciones en los mercados financieros internacionales, la realidad cotidiana de las familias argentinas atraviesa uno de sus momentos más oscuros. De acuerdo con los relevamientos técnicos previos al informe consolidado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), sumados a las estimaciones de los principales centros académicos y sociales, la Argentina sumó en lo que va del período a 1,7 millones de nuevos compatriotas bajo la línea de la pobreza.
La cifra no es un mero guarismo estadístico: representa hogares que perdieron la capacidad material de costear la Canasta Básica Total (CBT), familias que recortaron comidas diarias y una clase media trabajadora que se desmoronó sin red de contención frente al retiro absoluto del Estado.
LA TRAMPA DE LA INFLACIÓN PISADA: PRECIOS REGULADOS Y REMEDIOS POR LAS NUBES
El gobierno de Javier Milei insiste en festejar una desaceleración de la inflación general como prueba irrefutable de éxito. Sin embargo, la estructura del gasto familiar cuenta una historia diametralmente opuesta. Mientras el índice general se modera mediante la contracción monetaria y la recesión provocada, los bienes y servicios de consumo ineludible —alimentos de primera necesidad, electricidad, gas, transporte urbano y medicamentos esenciales— experimentaron subas acumuladas que duplican y triplican la evolución salarial.
Para el sector pasivo, la situación reviste ribetes de tragedia humanitaria. La Defensoría de la Tercera Edad advirtió en reiteradas presentaciones que la canasta básica de los adultos mayores superó con creces los ingresos otorgados por la fórmula de movilidad oficial, empujando a cientos de miles de jubilados que cobraban la mínima a depender de asistencia familiar o directamente a suspender tratamientos médicos crónicos para poder comprar comida.
UN AJUSTE SOSTENIDO SOBRE LOS INGRESOS FIJOS
La contracara directa de este desplome social es el destino de los recursos. La política oficial priorizó el pago puntual de los servicios de la deuda externa y la compra de dólares para sostener el esquema cambiario, a expensas de paralizar la obra pública, retener fondos coparticipables a las provincias y licuar jubilaciones y salarios públicos.
El concepto de “déficit cero” se transformó así en un cepo al bienestar de las mayorías. La recesión económica no discriminó entre asalariados formales e informales: incluso trabajadores registrados bajo convenio colectivo pasaron a revistar en las filas de los hogares pobres, un fenómeno regresivo que quiebra la histórica movilidad social ascendente de la sociedad argentina.
PERSPECTIVAS Y EXIGENCIA DE RESPUESTAS
Con un tejido social tensionado al límite, los pedidos de auxilio de comedores comunitarios, intendencias y organizaciones civiles colisionan con la negativa de la cartera de Capital Humano de restablecer canales fluidos de asistencia alimentaria. La Argentina no padece un problema de escasez de recursos naturales o energéticos; afronta las consecuencias directas de una doctrina de desregulación salvaje que subordina la subsistencia biológica del pueblo al equilibrio contable de una planilla de cálculo.
