El Gobierno nacional lanzó una licitación internacional para entregar por 30 años el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. La operación forma parte del plan de privatizaciones impulsado por Luis Caputo, que busca recaudar USD 2.300 millones mientras millones de argentinos enfrentan tarifas impagables, pérdida de empleos y una profunda emergencia social.
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de privatizaciones y abrió una licitación internacional para entregar el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, uno de los complejos energéticos más importantes de Mendoza. La decisión vuelve a colocar recursos estratégicos del país en la vidriera del mercado, bajo la promesa oficial de conseguir dólares y reducir la participación del Estado.
La convocatoria comprende cuatro centrales instaladas sobre el río Atuel y abre la segunda etapa del programa de privatizaciones energéticas conducido por el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo anunciado es obtener aproximadamente USD 800 millones durante 2026 y otros USD 1.500 millones en 2027.
Mientras las familias argentinas reciben facturas de luz cada vez más difíciles de pagar, el Poder Ejecutivo avanza con la entrega de centrales capaces de producir energía renovable durante las próximas décadas. El debate ya no pasa solamente por quién administrará las instalaciones, sino también por quién controlará una fuente esencial para el desarrollo productivo, la soberanía energética y la vida cotidiana de miles de mendocinos.
UNA CONCESIÓN POR 30 AÑOS Y LA VENTA TOTAL DE LA EMPRESA
El procedimiento contempla el otorgamiento de una nueva concesión por 30 años y la venta del 100 % de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. La compañía provincial fue creada en 2025 para administrar los bienes del sistema después del vencimiento de las concesiones anteriores.
Ambas operaciones deberán quedar en manos del mismo oferente. En caso de que los ganadores no coincidan, la adjudicación perderá validez, según las condiciones establecidas para el proceso.
Las concesiones originales habían sido entregadas en 1994, durante la privatización de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado. Aquellos contratos vencieron en junio de 2024 y, desde entonces, el complejo continuó funcionando mediante prórrogas transitorias.
Ahora, más de tres décadas después de aquella ola privatizadora, el país vuelve a caminar por un sendero conocido. Bajo el argumento de obtener ingresos inmediatos, se compromete la administración de infraestructura pública durante generaciones.
CENTRALES DAÑADAS Y MILLONES EN OBRAS PENDIENTES
La situación operativa de Los Nihuiles también presenta serias dificultades. En enero de 2025, un violento aluvión sobre el río Atuel inundó las centrales Nihuil II y Nihuil III, que permanecen fuera de servicio.
Quien resulte adjudicatario deberá rehabilitar los equipos, modernizar las instalaciones, recuperar la capacidad de generación y aumentar la confiabilidad del sistema. Entre las tareas previstas se encuentra la regeneración de las turbinas dañadas.
Este punto genera una pregunta inevitable: ¿el concesionario realizará las inversiones con capital propio o buscará recuperar rápidamente cada dólar mediante mayores costos, beneficios fiscales o aumentos trasladados al sistema eléctrico?
La experiencia argentina demuestra que una privatización no garantiza automáticamente más inversión, mejores servicios ni tarifas accesibles. Cuando el único objetivo es la rentabilidad, las necesidades de los usuarios y de las economías regionales suelen quedar relegadas.
ENERGÍA ESTRATÉGICA PARA EL SUR MENDOCINO
Los Nihuiles posee una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios. El sistema está integrado por las represas El Nihuil, Aisol y Tierras Blancas, el dique compensador Valle Grande y cuatro centrales hidroeléctricas.
Su producción abastece principalmente al sur de Mendoza, con especial importancia para los departamentos de General Alvear y Malargüe. Además, la energía generada se incorpora al Sistema Argentino de Interconexión.
No se trata, por lo tanto, de una estructura secundaria o improductiva. Es un complejo esencial para hogares, comercios, industrias, productores agropecuarios y comunidades que necesitan energía estable para sostener su actividad.
Entregar su explotación durante 30 años significa transferir el control de un recurso estratégico que pertenece al conjunto de la sociedad. El agua y la energía no son mercancías comunes: constituyen herramientas fundamentales para el crecimiento de las provincias y para la independencia económica de la Nación.
ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA HASTA FINES DE 2026
Hidroelectricidad Mendocina asumió la operación de los complejos Nihuil I, II y III como continuadora de la actual concesionaria. También quedó a cargo de Nihuil IV, anteriormente administrado por la Empresa Mendocina de Energía.
La gestión transitoria podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026 o finalizar antes, en caso de que el nuevo adjudicatario tome posesión. Durante ese período, la Subsecretaría de Energía Eléctrica actuará como veedora del proceso.
Los ingresos generados por la concesión nacional quedarán en manos del Estado nacional. En cambio, el dinero obtenido por la venta de las acciones de la empresa provincial permanecerá bajo la órbita de Mendoza.
Para completar la transferencia accionaria será necesaria la aprobación de la Legislatura provincial. Esa instancia será clave para conocer si los representantes mendocinos defienden el patrimonio energético o acompañan una entrega que condicionará a la provincia durante tres décadas.
CAPUTO ACELERA EL REMATE DE LAS HIDROELÉCTRICAS
La licitación de Los Nihuiles es apenas el comienzo de una nueva tanda de privatizaciones. La agenda oficial también incluye los complejos Futaleufú, en Chubut; Ullum, en San Juan; Cabra Corral, en Salta; y El Cadillal, en Tucumán.
En conjunto, esas centrales suman una potencia aproximada de 1.399 megavatios. El volumen energético involucrado muestra que el Gobierno no está realizando operaciones aisladas, sino ejecutando una transformación profunda del modelo nacional.
Durante diciembre de 2025 ya se habían transferido los complejos hidroeléctricos del Comahue por un canon total de USD 706,8 millones, acompañado por compromisos de inversión cercanos a USD 400 millones. Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados quedaron nuevamente bajo administración privada.
La Casa Rosada sostiene que estas ventas permitirán obtener recursos y mejorar la eficiencia. Sin embargo, los dólares recaudados representan ingresos por única vez, mientras las concesiones entregan durante décadas la explotación de activos capaces de producir ganancias permanentes.
EL PATRIMONIO NACIONAL COMO CAJA DEL AJUSTE
El plan privatizador no termina en las represas. La lista oficial incluye a AySA, Belgrano Cargas, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Trenes Argentinos y centrales termoeléctricas controladas por Enarsa.
Frente a la falta de crecimiento, la caída del consumo y el deterioro de la producción, el Gobierno pretende presentar la venta de empresas y recursos públicos como una solución financiera. De esa manera, el patrimonio construido por generaciones de trabajadores argentinos se transforma en una caja para sostener el programa económico.
La Argentina necesita inversiones, modernización y controles eficientes. No obstante, esas necesidades no obligan a renunciar al dominio público ni a entregar sectores estratégicos a grupos económicos cuyo objetivo principal será maximizar sus ganancias.
Detrás de las cifras millonarias aparecen preguntas que el oficialismo evita responder. ¿Cuánto dinero producirán estas centrales durante los próximos 30 años? ¿Qué garantías tendrán los usuarios? ¿Quién controlará las tarifas? ¿Qué participación conservarán las provincias? ¿Qué ocurrirá si los nuevos operadores incumplen las inversiones prometidas?
En plena emergencia social, el Gobierno vuelve a ofrecer la misma receta que ya dejó consecuencias dolorosas en la historia argentina: vender para conseguir dólares rápidos, ajustar a los trabajadores y permitir que los negocios estratégicos queden concentrados en pocas manos.
Los Nihuiles no es solamente una central hidroeléctrica. Representa agua, energía, producción y soberanía. Su futuro no debería decidirse como una simple operación comercial, porque cuando una Nación pierde el control de sus recursos esenciales también pierde una parte de su libertad para construir su propio destino.
