Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos reclamaron un cronograma concreto para eliminar los derechos de exportación. Los mandatarios advirtieron que la Casa Rosada extrae recursos de las provincias productivas mientras abandona rutas, infraestructura y servicios esenciales.
Los gobernadores de la Región Centro volvieron a reclamar la eliminación de las retenciones y dejaron al descubierto una de las mayores contradicciones del gobierno de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada proclama la libertad económica, mantiene un impuesto que castiga la producción, reduce la inversión en el interior y concentra recursos en el poder central.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba; Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe; y Rogelio Frigerio, jefe provincial de Entre Ríos, se reunieron en la ciudad cordobesa de San Francisco. Allí inauguraron la sede permanente del bloque regional y formalizaron el traspaso de su presidencia pro témpore.
Sin embargo, el encuentro estuvo atravesado por un mensaje político mucho más profundo. Las tres provincias exigieron un cronograma de reducciones sistemáticas que termine con la eliminación definitiva de las retenciones agropecuarias.
UN IMPUESTO QUE CASTIGA LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO
La eliminación de las retenciones se convirtió en el principal reclamo de una región que concentra buena parte de la producción agropecuaria argentina. El planteo representa un fuerte llamado de atención para un Gobierno que prometió liberar las fuerzas productivas, pero continúa apropiándose de los recursos generados por el interior.
Rogelio Frigerio reconoció que la modificación no puede concretarse de manera inmediata. No obstante, exigió fechas, compromisos y una hoja de ruta precisa para reducir progresivamente el impuesto.
Martín Llaryora utilizó palabras todavía más duras. El mandatario cordobés calificó a las retenciones como un mecanismo que, año tras año, limita las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las provincias productoras.
Según sostuvo, los empresarios, productores y dueños de pequeñas y medianas empresas reinvierten sus ingresos en producción, empleo y crecimiento. A diferencia de los sectores vinculados a la especulación financiera, ese dinero permanece en las comunidades y sostiene miles de puestos de trabajo.
La advertencia adquiere una gravedad especial en medio de una emergencia social marcada por el cierre de empresas, la pérdida de empleos y la caída del consumo. Cada recurso que se retira de las economías regionales representa menos actividad comercial, menos inversión y menos oportunidades para las familias trabajadoras.
MILEI PROMETIÓ LIBERTAD, PERO MANTIENE EL CENTRALISMO
El reclamo de los gobernadores expone la distancia entre el discurso libertario y las decisiones concretas de la administración nacional. Javier Milei cuestiona permanentemente la presión tributaria, aunque conserva uno de los impuestos más perjudiciales para la producción agropecuaria.
Además, el Gobierno utiliza el equilibrio fiscal como argumento para recortar transferencias, paralizar obras y trasladar responsabilidades hacia las provincias. Esa política deja rutas deterioradas, proyectos energéticos suspendidos y servicios públicos sometidos a una creciente falta de recursos.
Llaryora también denunció las desigualdades existentes entre las distintas jurisdicciones. Mientras algunas provincias reciben regalías por la explotación de sus recursos naturales, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos aportan una enorme cantidad de divisas sin obtener una compensación equivalente.
El gobernador cordobés aseguró que el esfuerzo de la región no es inagotable. En consecuencia, pidió terminar con una estructura centralista que utiliza al interior como fuente permanente de recaudación, pero no devuelve esos recursos mediante infraestructura y desarrollo.
Desde una mirada verdaderamente federal, la producción debe estar al servicio del crecimiento nacional y de la justicia social. No alcanza con acumular dólares o presentar balances fiscales positivos cuando los pueblos pierden industrias, comercios y fuentes laborales.
LAS PROVINCIAS APORTAN MÁS DE LO QUE RECIBEN
Maximiliano Pullaro afirmó que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos conforman la región más productiva de la Argentina. También señaló que las tres jurisdicciones aportaron al Tesoro nacional un 30 por ciento más de lo que posteriormente recibieron.
Ese desequilibrio refleja un problema histórico que el actual Gobierno no resolvió y, en algunos aspectos, profundizó. La Nación concentra la recaudación, mientras los gobiernos provinciales deben garantizar salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura con recursos cada vez más limitados.
Frigerio remarcó que el éxito de la administración nacional depende también del funcionamiento de las provincias. La calidad de vida de la población no se define en los despachos de Buenos Aires, sino en los hospitales, las escuelas, las rutas y los barrios de cada localidad.
Por esa razón, los mandatarios reclamaron mayor participación en la construcción de políticas públicas. También exigieron una institucionalización de los procesos de decisión para evitar que el destino de las provincias quede subordinado a las necesidades políticas o financieras de la Casa Rosada.
RUTAS ABANDONADAS Y OBRAS PARALIZADAS
La infraestructura vial y energética ocupó otro lugar central durante la cumbre. Los gobernadores remarcaron que las rutas son indispensables para trasladar la producción, reducir costos logísticos y evitar accidentes.
Pese a esa necesidad, la política de paralización de la obra pública aplicada por Milei dejó numerosos proyectos sin continuidad. El ajuste no solamente afecta a las administraciones provinciales. También golpea directamente a camioneros, productores, comerciantes, trabajadores y familias que utilizan diariamente caminos deteriorados.
La ausencia del Estado nacional se transforma así en un costo económico y humano. Una ruta destruida encarece los alimentos, retrasa las exportaciones, perjudica a las economías regionales y pone vidas en peligro.
ALERTA POR LA APERTURA INDISCRIMINADA DE IMPORTACIONES
Las provincias también acordaron la creación de un Consejo de Vigilancia para controlar el ingreso de alimentos importados. La decisión busca responder a la apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional sin suficientes garantías para la industria y la producción argentina.
Este punto resulta especialmente sensible para las pequeñas y medianas empresas. Permitir el ingreso indiscriminado de productos extranjeros mientras aumentan las tarifas, los impuestos y los costos financieros puede provocar una nueva ola de cierres y despidos.
La libertad de mercado no puede significar el abandono de quienes producen y trabajan en el país. Sin defensa de la industria nacional, la Argentina corre el riesgo de convertirse en una simple exportadora de materias primas y una importadora de bienes elaborados.
El modelo justicialista plantea exactamente lo contrario. La riqueza debe transformarse en empleo, desarrollo industrial, soberanía económica y bienestar para las comunidades.
LA HIDROVÍA, OTRO RECURSO ESTRATÉGICO EN DISPUTA
Santa Fe y Entre Ríos reclamaron la puesta en funcionamiento del Consejo de Control de la Hidrovía. Ambas provincias pidieron una participación efectiva por su condición de jurisdicciones ribereñas del río Paraná.
Córdoba solicitó además incorporarse al organismo debido al impacto que la vía navegable tiene sobre su producción. El planteo vuelve a colocar en discusión quién controla los recursos estratégicos y quién se beneficia con su explotación.
La Hidrovía no puede quedar sometida exclusivamente a intereses privados o decisiones tomadas a espaldas de las provincias. Su administración debe garantizar soberanía, transparencia y beneficios concretos para el desarrollo nacional.
UN GRITO FEDERAL QUE LA CASA ROSADA NO PUEDE IGNORAR
La cumbre de San Francisco reunió a gobernadores de diferentes espacios políticos, pero unidos por una preocupación común. El ajuste permanente, el centralismo fiscal y la falta de infraestructura están llevando al límite la capacidad de las provincias.
Detrás del reclamo por las retenciones existe una discusión mucho más amplia. La Argentina debe decidir si continuará premiando la especulación financiera o si comenzará a proteger a quienes producen, trabajan e invierten en el territorio nacional.
El Gobierno de Milei enfrenta ahora una advertencia surgida desde el corazón productivo del país. No se trata solamente de reducir un impuesto, sino de recuperar un verdadero proyecto federal que distribuya recursos, promueva el empleo y garantice justicia social.
Sin producción no existe crecimiento. Sin trabajo no hay libertad. Y sin federalismo, la Argentina seguirá siendo un país profundamente desigual, donde el interior genera la riqueza mientras el poder central decide cómo utilizarla.
