El Gobierno habilitó un nuevo mecanismo digital para que empresas y grupos privados participen de las privatizaciones. AySA, centrales eléctricas y recursos estratégicos aparecen en una lista que podría generar más de USD 2.000 millones destinados a reforzar las reservas y afrontar vencimientos con el FMI.
La privatización de empresas públicas ingresó en una nueva etapa bajo el gobierno de Javier Milei. A través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, la Casa Rosada estableció el procedimiento que deberán cumplir los interesados en participar de las subastas, concesiones y ventas de activos pertenecientes al Estado nacional.
Detrás del lenguaje técnico sobre modernización, simplificación y plataformas digitales aparece una decisión política mucho más profunda: avanzar con la transferencia de empresas, centrales energéticas y servicios esenciales hacia manos privadas.
Mientras millones de argentinos enfrentan tarifas impagables, pérdida de empleos y una fuerte caída del poder adquisitivo, el oficialismo prepara el terreno administrativo para desprenderse de una parte importante del patrimonio construido durante décadas con el esfuerzo colectivo.
UNA PLATAFORMA PARA PARTICIPAR DEL GRAN REMATE
Según la Disposición N.º 52/2026, quienes pretendan intervenir en las privatizaciones deberán inscribirse previamente en un módulo especial disponible dentro del sistema CONTRAT.AR.
La sección fue denominada “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696” y funcionará como paso obligatorio para acceder posteriormente a las subastas realizadas mediante la plataforma estatal SUBAST.AR.
También podrán participar aquellas empresas que ya se encuentren registradas bajo el régimen de concesionarios de la Ley N.º 17.520, siempre que las convocatorias sean realizadas dentro del marco legal establecido por la Ley de Bases y la Ley de Reforma del Estado.
Además, los interesados deberán completar distintas validaciones en los sistemas COMPR.AR, CONTRAT.AR y SUBAST.AR. El usuario señalado como administrador legitimado tendrá que coincidir en todas las plataformas, tanto durante la inscripción inicial como en las futuras actualizaciones de información.
Quienes estén incorporados al Sistema de Información de Proveedores y hayan completado correctamente la validación en el módulo de privatizaciones quedarán exceptuados de determinados trámites adicionales.
Lejos de tratarse solamente de una modificación burocrática, esta estructura digital funciona como la puerta de entrada al plan de venta y concesión de compañías estratégicas que el Gobierno pretende profundizar durante 2026 y 2027.
MÁS DE USD 2.000 MILLONES EN ACTIVOS PÚBLICOS
El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que las privatizaciones podrían generar ingresos superiores a los USD 2.000 millones antes de finalizar el mandato de Javier Milei.
De acuerdo con la hoja de ruta oficial, la mayor parte de esos recursos llegaría durante 2027, aunque algunas operaciones podrían concretarse antes de terminar este año.
El objetivo declarado es obtener divisas en un momento particularmente delicado para las cuentas nacionales. Durante 2026, los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional alcanzarían los USD 19.200 millones.
En otras palabras, mientras la población soporta ajustes sobre jubilaciones, salarios, salud, educación y obra pública, el Gobierno busca conseguir dólares mediante la transferencia de bienes estatales.
La privatización de empresas públicas vuelve así a ocupar un lugar central en el programa económico libertario. El patrimonio nacional aparece presentado como una fuente rápida de recursos frente a una deuda externa que continúa condicionando el futuro del país.
AYSA, EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA ENTREGA
Agua y Saneamientos Argentinos, responsable de un servicio básico y esencial para millones de habitantes, sería una de las próximas compañías en avanzar hacia el capital privado.
El cronograma prevé la apertura de sobres técnicos el 27 de agosto. Durante esa instancia, los participantes deberán acreditar capacidad financiera, antecedentes y experiencia para continuar dentro del proceso.
Solamente quienes superen esa evaluación accederán a la apertura de las ofertas económicas, prevista para mediados de septiembre. Posteriormente, el pago podría realizarse durante octubre, antes de la firma del contrato de adjudicación.
Aunque el Gobierno presenta la operación como una búsqueda de eficiencia, la historia argentina obliga a encender todas las alarmas. La privatización de servicios esenciales puede traducirse en mayores tarifas, reducción de inversiones en zonas menos rentables y pérdida de control soberano sobre recursos fundamentales.
El agua no es una mercancía cualquiera. Se trata de un derecho básico que no debería quedar sujeto exclusivamente a las expectativas de rentabilidad de sociedades privadas.
LAS CENTRALES ELÉCTRICAS TAMBIÉN ESTÁN EN LA LISTA
Las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano se encuentran en una etapa de preparación documental previa al lanzamiento de sus respectivas licitaciones.
Si los plazos diseñados por el Ministerio de Economía se cumplen, los ingresos provenientes de estas operaciones podrían sumarse a los obtenidos mediante AySA antes de terminar el año.
A la lista se incorporó el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado en la provincia de Mendoza. La convocatoria contempla una nueva concesión por treinta años y la venta del ciento por ciento de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A.
El complejo está integrado por cuatro centrales construidas sobre el río Atuel y posee una capacidad instalada de 290 megavatios. Su producción resulta importante para el abastecimiento energético del sur mendocino y para el Sistema Argentino de Interconexión.
Actualmente, dos de las centrales permanecen fuera de servicio debido a los daños ocasionados por un aluvión ocurrido en enero de 2025. El futuro concesionario deberá afrontar inversiones para rehabilitar las instalaciones y actualizar su tecnología.
Sin embargo, la necesidad de realizar obras no explica por sí sola por qué el Estado debería entregar durante tres décadas un complejo energético estratégico. También podría utilizarse como argumento para impulsar una inversión pública que preserve la soberanía y garantice que los beneficios regresen al conjunto de la sociedad.
LA ARGENTINA QUE SE VENDE PARA PAGAR DEUDA
La ofensiva privatizadora recupera una receta conocida por el pueblo argentino. Durante los años noventa, numerosas empresas públicas fueron transferidas bajo promesas de modernización, inversiones y mejores servicios.
Con el paso del tiempo, muchas de aquellas operaciones dejaron desocupación, pérdida de capacidades nacionales, tarifas dolarizadas y una dependencia cada vez mayor de grandes grupos económicos.
Ahora, el Gobierno vuelve a presentar el desprendimiento de activos como una solución financiera. No obstante, vender una empresa genera un ingreso extraordinario por única vez, mientras que el país pierde la posibilidad de recibir sus beneficios futuros y de intervenir directamente sobre sectores fundamentales.
Desde una mirada nacional, popular y profundamente federal, las empresas públicas no representan un botín disponible para cubrir urgencias financieras. Constituyen herramientas para planificar el desarrollo, garantizar servicios, generar empleo y defender la independencia económica.
La Argentina necesita inversiones, eficiencia y controles transparentes. Lo que no necesita es convertirse en un inmenso catálogo de propiedades ofrecidas al mejor postor mientras el ajuste golpea con mayor fuerza a trabajadores, jubilados, comerciantes y pequeñas empresas.
Detrás de cada privatización existen puestos laborales, recursos naturales, infraestructura y decisiones soberanas. Por eso, el nuevo procedimiento oficial no puede reducirse a una simple inscripción digital: es otro paso dentro de un proyecto que pretende vender el presente para conseguir dólares, hipotecando el futuro de las próximas generaciones.
