Después del duro traspié en el Senado, la Casa Rosada revisa su estrategia, ordena a sus funcionarios y busca recuperar una agenda legislativa que empieza a encontrar resistencia. El problema que quedó expuesto es mucho más profundo que un error de comunicación.
El Gobierno de Javier Milei recibió una señal que ya no puede esconder debajo de la alfombra. El conflicto por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó obligando al oficialismo a retroceder en dos de sus capítulos más controvertidos: la extranjerización de tierras y las modificaciones vinculadas al uso de terrenos después de incendios. Ahora, puertas adentro de la Casa Rosada, la conclusión parece ser que el problema estuvo en cómo se comunicó el proyecto.
Pero cuando una iniciativa genera semejante nivel de rechazo, reducir todo a una falla comunicacional puede convertirse en una explicación demasiado cómoda.
El Senado finalmente otorgó media sanción al proyecto por 37 votos contra 33, aunque lo hizo después de que el Gobierno aceptara desprenderse de dos capítulos centrales de su propuesta original. Lo que debía exhibirse como una demostración de fortaleza legislativa terminó mostrando las dificultades que enfrenta el oficialismo cuando una iniciativa toca cuestiones sensibles como la tierra, los recursos naturales y la soberanía.
EL PROBLEMA NO ERA SOLAMENTE EXPLICARLO
Dentro del Gobierno admiten que hubo errores. Voces del propio espacio libertario reconocieron fallas en la estrategia, ausencia de una vocería clara y demoras que terminaron complicando una negociación que semanas atrás parecía más sencilla.
La respuesta de la Casa Rosada será cambiar el método.
Karina Milei busca que la mesa política supervise los proyectos antes de que lleguen al Congreso, analice los tiempos y establezca una estrategia comunicacional previa. La intención oficial es presentar públicamente cada iniciativa antes de llevarla al recinto y evitar que una nueva polémica vuelva a tomar al Gobierno por sorpresa.
En otras palabras: después del golpe político, llegó el manual de instrucciones.
La pregunta incómoda es otra. ¿Falló la comunicación o hubo sectores de la sociedad que entendieron perfectamente qué estaba en discusión y simplemente dijeron que no?
La resistencia al capítulo referido a las tierras alcanzó sectores políticos, sociales y culturales muy diferentes. El proyecto había despertado cuestionamientos porque contemplaba ampliar los márgenes permitidos de propiedad rural extranjera, un debate especialmente sensible en un país donde la tierra no constituye solamente un activo financiero: también representa producción, recursos naturales y soberanía.
CUANDO LA TIERRA DEJA DE SER UNA MERCANCÍA MÁS
Ahí aparece el choque de fondo.
La lógica económica del Gobierno suele observar al mercado como ordenador principal. Sin embargo, existen bienes estratégicos que para una parte importante de la sociedad argentina no pueden analizarse únicamente desde una planilla de inversiones.
La tierra es uno de ellos.
Agua, minerales, alimentos, fronteras y territorio forman parte de una discusión que atraviesa generaciones. Por eso, presentar cualquier modificación profunda sobre esos recursos como una cuestión exclusivamente económica corre el riesgo de ignorar una sensibilidad nacional muy arraigada.
El oficialismo terminó descubriendo ese límite en el Senado.
No hubo solamente problemas de nombres, voceros o tiempos. Existió una discusión política concreta que atravesó incluso a sectores que habitualmente acompañan al Ejecutivo.
LA CASA ROSADA QUIERE EVITAR OTRO TROPIEZO
La preocupación ahora mira hacia adelante.
El calendario legislativo empieza a apretarse y el Gobierno necesita avanzar con proyectos vinculados al Banco Central, el régimen de Inocencia Fiscal y otros puntos de su programa de reformas. Al mismo tiempo, la proximidad del año electoral convierte cada votación en una negociación más delicada.
Por eso la mesa política volverá a ocupar un lugar central.
La experiencia con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó más de una señal de alarma. Hubo numerosos borradores, tensiones internas, negociaciones de último momento y diferencias sobre cómo presentar una iniciativa que fue modificándose mientras buscaba los votos necesarios.
Ese desorden es justamente lo que la administración libertaria pretende evitar a partir de ahora.
También aparece otro problema: los gobernadores.
El respaldo provincial será decisivo para cualquier proyecto que necesite atravesar el Congreso. Gobernadores que anteriormente facilitaron acuerdos comenzaron a marcar límites frente a determinados temas, especialmente cuando las decisiones nacionales afectan intereses territoriales propios.
El Ejecutivo necesita esos votos y lo sabe.
UN GOBIERNO QUE YA NO AVANZA SIN RESISTENCIA
Durante su primera etapa, Milei construyó buena parte de su identidad política alrededor de una imagen de velocidad, ruptura y confrontación. Desde el propio oficialismo ahora reconocen que aquel ritmo se desaceleró.
No es un detalle menor.
Gobernar también significa conseguir mayorías, sostener acuerdos y comprender cuándo una propuesta encuentra un límite político y social. Ninguna cadena nacional puede reemplazar los votos que faltan en el Congreso.
Por eso resulta insuficiente afirmar que todo fue una cuestión de comunicación.
Se puede cambiar al vocero. Se puede modificar el nombre de una ley. Se pueden organizar conferencias, entrevistas y explicaciones públicas. Incluso puede diseñarse una estrategia comunicacional impecable.
Lo que no puede hacerse mediante comunicación es borrar un conflicto político real.
La discusión sobre las tierras dejó esa realidad expuesta.
LA SOBERANÍA VOLVIÓ AL CENTRO DEL DEBATE
Argentina atraviesa una época en la que millones de familias viven pendientes del salario, las tarifas, el alquiler y el costo de llenar la heladera. En ese contexto, cualquier debate relacionado con la propiedad de los recursos estratégicos adquiere una sensibilidad enorme.
El país necesita inversiones. Nadie puede negar esa necesidad.
Sin embargo, inversión no debería convertirse automáticamente en sinónimo de resignar herramientas de protección sobre recursos que pertenecen al patrimonio territorial argentino.
Ese es precisamente el debate que el Gobierno deberá enfrentar.
Después del traspié legislativo, la Casa Rosada busca ordenar la tropa, mejorar su comunicación y recuperar iniciativa. Puede hacerlo.
Pero hay una enseñanza que ninguna reunión de estrategia debería ignorar: cuando aparecen la tierra, los recursos naturales y la soberanía argentina, una parte importante de la sociedad deja de discutir solamente números.
Discute país.
Y esa discusión no se arregla cambiando el PowerPoint.
