Tras el receso invernal, el Gobierno reactiva su maquinaria legislativa con una agenda cargada de beneficios para megainversiones, cambios sobre la propiedad privada y nuevos pliegos judiciales. El jueves será el día decisivo para un oficialismo que todavía no logra ordenar sus propios votos.
El Senado vuelve a encenderse y el Súper RIGI de Milei aparece en el centro de una semana política que promete máxima tensión. Después de dos semanas de receso, el oficialismo intentará acelerar una batería de proyectos mientras sigue negociando voto por voto para evitar otro traspié parlamentario.
La agenda incluye audiencias por designaciones judiciales, el comienzo del tratamiento del régimen de incentivos para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares y, sobre todo, la reanudación de la discusión por la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Detrás de los nombres técnicos aparece una discusión mucho más profunda: qué modelo productivo quiere impulsar el Gobierno y quiénes serán los principales beneficiarios de las reglas económicas que pretende dejar instaladas.
EL SÚPER RIGI VUELVE A PONER A LOS GRANDES CAPITALES EN EL CENTRO
Uno de los puntos más calientes será el Súper RIGI de Milei, una ampliación de los incentivos destinados a captar inversiones gigantescas en nuevas industrias y tecnologías. El proyecto ya consiguió media sanción en Diputados y ahora deberá atravesar un Senado donde el oficialismo no puede darse el lujo de perder aliados.
La propuesta establece un piso de inversión de 1.000 millones de dólares y contempla importantes beneficios fiscales para los proyectos que ingresen al régimen. Desde el Gobierno presentan la iniciativa como una herramienta necesaria para atraer capital y generar nuevas actividades económicas.
El cuestionamiento inevitable aparece cuando se observa la enorme capacidad de negociación otorgada a los grandes inversores frente a una economía donde miles de pequeñas y medianas empresas deben competir sin semejante paraguas de ventajas.
Esa diferencia vuelve a colocar en discusión la estrategia económica libertaria: incentivos extraordinarios para quienes llegan con miles de millones de dólares mientras el entramado productivo nacional espera políticas que le permitan invertir, producir y sostener empleo.
El oficialismo pretende avanzar rápidamente con un dictamen. Sin embargo, la experiencia reciente en el Congreso dejó una advertencia evidente: acelerar sin tener previamente los votos puede terminar nuevamente en derrota.
UNA LEY QUE YA LLEVA MÁS BORRADORES QUE CERTEZAS
El otro gran problema para La Libertad Avanza llegará el jueves, cuando el Senado retome la sesión que pasó a cuarto intermedio el pasado 16 de julio.
En aquella jornada, el Gobierno no consiguió cerrar los apoyos necesarios para avanzar con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y decidió patear la definición hasta el 6 de agosto.
La situación resulta todavía más llamativa por la cantidad de modificaciones que sufrió el proyecto. Después del dictamen original aparecieron numerosos textos alternativos hasta alcanzar, según las negociaciones parlamentarias conocidas, al menos 16 versiones.
Una ley que debería aportar seguridad jurídica terminó convertida en una discusión permanente entre funcionarios, senadores oficialistas, aliados y gobernadores.
El punto relacionado con las tierras rurales y su posible adquisición por extranjeros encendió una de las mayores alarmas. Las diferencias atravesaron incluso al propio universo político que acompañó al Gobierno en otras reformas.
HASTA VILLARRUEL QUEDÓ DEL OTRO LADO
La venta de tierras a extranjeros logró algo poco habitual: juntar cuestionamientos provenientes de espacios políticos completamente diferentes.
Dentro de esa discusión apareció también Victoria Villarruel, enfrentada desde hace tiempo con Javier Milei y con posiciones propias frente a varios temas impulsados por la Casa Rosada.
La interna agrega otro elemento explosivo. Milei tiene previsto viajar esta semana y, durante su ausencia, Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo, mientras Bartolomé Abdala deberá conducir el Senado.
Así, mientras el Presidente se encuentre fuera del país, una de las leyes que más dolores de cabeza le provocó al oficialismo podría jugarse buena parte de su futuro parlamentario.
JUECES, NEGOCIACIONES Y UNA SEMANA A TODO O NADA
Antes de llegar al jueves habrá movimiento en la comisión de Acuerdos, con audiencias públicas previstas para martes y miércoles por postulaciones enviadas para cubrir cargos judiciales.
El Gobierno viene avanzando con una importante cantidad de designaciones. En la sesión del 16 de julio, el Senado aprobó 29 pliegos judiciales y más de veinte ascensos diplomáticos, aunque debió frenar el tratamiento de propiedad privada.
Ahora comienza otro capítulo.
Mientras las comisiones trabajen, los despachos del Senado serán escenario de negociaciones permanentes entre libertarios, aliados y representantes provinciales. Cada artículo puede convertirse en moneda de negociación y cada modificación puede hacer aparecer nuevos votos o provocar nuevas fugas.
El problema central para la Casa Rosada ya no pasa solamente por presentar proyectos. Necesita demostrar que puede construir mayorías sin transformar cada discusión legislativa en una carrera desesperada de último momento.
EL MODELO DE MILEI VUELVE A QUEDAR EXPUESTO EN EL CONGRESO
La semana que comienza desnuda una vez más las prioridades económicas y políticas del Gobierno.
Por un lado aparece el Súper RIGI, pensado para gigantescas inversiones internacionales. Por otro, una reforma sobre propiedad privada que todavía genera discusiones por las tierras rurales. En paralelo avanzan nuevas designaciones judiciales y continúan las negociaciones para conseguir votos.
La discusión excede ampliamente una sesión del Senado.
Lo que estará sobre la mesa será una parte central del modelo de país que intenta consolidar Javier Milei: grandes incentivos al capital, desregulación y modificaciones profundas del esquema vigente.
El jueves llegará la hora de la verdad.
Después de semanas de borradores, reuniones, cambios y negociaciones, el Gobierno deberá demostrar si finalmente consiguió los votos o si la ley vuelve a convertirse en otro símbolo de una gestión que puede tener velocidad para anunciar reformas, pero encuentra muchas más dificultades cuando necesita transformarlas en leyes.
