A diez años de una movilización que marcó la agenda social argentina, organizaciones populares, sindicatos y centrales obreras volverán a caminar desde Liniers hasta Plaza de Mayo. Denuncian ajuste, falta de alimentos, pérdida de ingresos y un modelo económico que golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables.
La calle vuelve a hablarle al Gobierno de Javier Milei. Este viernes 7 de agosto, movimientos sociales, sindicatos y centrales obreras marcharán desde el santuario de San Cayetano hasta Plaza de Mayo bajo una consigna que vuelve a sonar con una fuerza brutal en la Argentina actual: Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. La convocatoria reunirá a la UTEP, la CGT, las dos CTA, organizaciones piqueteras y distintos gremios.
No se trata solamente de una peregrinación religiosa ni de una postal histórica. Para las organizaciones convocantes, la movilización llega en medio de una situación social que califican como de “extrema gravedad”, atravesada por el deterioro de los ingresos, el retiro de políticas destinadas a sectores vulnerables, problemas en la asistencia alimentaria y el freno de programas vinculados con barrios populares.
EL AJUSTE BAJA A LA CALLE Y EL RECLAMO LLEGA HASTA LA CASA ROSADA
La jornada comenzará a las 8 de la mañana frente a la Basílica de San Cayetano, en Liniers. Allí se realizará la tradicional bendición de herramientas y luego comenzará la marcha por Avenida Rivadavia rumbo al centro porteño. El acto principal está previsto para las 13, frente a la Casa Rosada, donde las organizaciones leerán un documento conjunto.
En el recorrido se incorporarán agrupaciones sociales y políticas, mientras que distintos gremios de la CGT recibirán a la columna en Plaza de Mayo. También está previsto un “verdurazo” sobre Avenida de Mayo, a la altura del Congreso, acompañado por una feria de producción agraria y cooperativa.
Detrás de la liturgia de San Cayetano aparece una fotografía mucho más incómoda para el oficialismo: miles de argentinos reclamando aquello que debería ser elemental. Trabajo para vivir, alimentos en los barrios, un techo, tierra para producir y un ingreso que permita llegar a fin de mes.
Mientras desde la Casa Rosada se celebra cada número macroeconómico favorable, abajo hay otra Argentina. Es la del trabajador informal, el cartonero, la cooperativista, el vendedor ambulante, el pequeño productor y la familia que hace cuentas frente a la góndola para decidir qué puede comprar y qué deberá dejar para otro día.
MÁS DE 900 MIL TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LA DENUNCIA
Uno de los puntos más duros planteados por la UTEP es la eliminación del Salario Social Complementario y los cambios sobre los programas destinados a trabajadores de la economía popular. La secretaria general adjunta Dina Sánchez aseguró que desde agosto más de 900 mil trabajadores dejarán de percibir el que calificó como su único ingreso fijo.
La denuncia impacta de lleno sobre el relato oficial. Porque cuando el ajuste deja de ser una palabra de economistas y significa comida, medicamentos, transporte o la posibilidad de pagar una garrafa, el debate deja de transcurrir únicamente en las pantallas y empieza a sentirse en cada barrio.
Las organizaciones también advierten sobre el corte de alimentos a comedores comunitarios y la parálisis de políticas de urbanización. En ese marco, la dirigente Silvia Saravia sostuvo que casi ocho de cada diez familias estarían salteando comidas y apuntó directamente al modelo económico como el problema de fondo.
Ese escenario explica por qué San Cayetano vuelve a convertirse en algo mucho más grande que una celebración religiosa. Cuando falta el trabajo, cuando el bolsillo no alcanza y cuando el Estado se retira de los lugares donde viven los argentinos más castigados, la fe termina mezclándose inevitablemente con la protesta.
TIERRA, TRABAJO Y UNA PELEA QUE TAMBIÉN LLEGA AL CONGRESO
La movilización del viernes estará precedida por otra protesta el jueves 6 de agosto frente al Congreso. Allí las organizaciones rechazarán el proyecto oficialista vinculado con la propiedad privada y los cambios sobre la Ley de Tierras Rurales.
Según el texto analizado por los convocantes, la iniciativa elevaría del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad extranjera de tierras rurales y modificaría restricciones relacionadas con terrenos que contienen recursos hídricos y minerales.
Para los sectores que marcharán, la discusión no es técnica ni secundaria. Hablan de soberanía, producción nacional y del derecho a que la tierra permanezca vinculada al trabajo de quienes producen en la Argentina, en lugar de transformarse únicamente en un activo financiero disponible para grandes capitales.
El contraste político es profundo. Mientras el Gobierno insiste con reformas que buscan ampliar la libertad económica y reducir la intervención estatal, las organizaciones sociales advierten que el resultado concreto de ese camino está dejando cada vez más argentinos sin protección.
DIEZ AÑOS DESPUÉS, LA MISMA CONSIGNA VUELVE A SER URGENTE
La primera gran movilización de los llamados “Cayetanos” ocurrió una década atrás y reunió, según el material histórico de la convocatoria, a cerca de 300 mil personas. Aquel proceso terminó impulsando la Ley de Emergencia Social y la creación del Salario Social Complementario.
Diez años después, el dato político resulta imposible de ignorar: la Argentina vuelve a marchar reclamando Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
Algo está fallando cuando, en pleno 2026, esas palabras siguen funcionando como un grito desesperado y no como derechos elementales garantizados.
El Gobierno podrá mostrar balances, celebrar superávits o hablar de mercados. Pero la economía real también se mide en la mesa familiar, en el empleo, en la changa, en el comercio del barrio y en la cantidad de comida que entra en una heladera.
Este 7 de agosto, desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo, una parte importante del movimiento obrero y de la economía popular volverá a recordárselo a Javier Milei frente a la Casa Rosada.
Porque cuando un pueblo tiene que volver a marchar para pedir pan y trabajo, ya no alcanza con decir que los números cierran.
La pregunta que queda flotando es bastante más incómoda:
¿cierran también las cuentas de las familias argentinas?
