La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se convirtió en el epicentro de un terremoto político para el Poder Ejecutivo nacional. La renuncia indeclinable de autoridades del organismo dejó a la vista de la opinión pública el conflicto interno desatado por las órdenes del Ministerio de Economía, que exigió profundizar la baja de pensiones no contributivas bajo el argumento de sanear supuestas irregularidades. Detrás de las auditorías anunciadas, lo que se implementó fue una virtual parálisis administrativa que tiene como rehenes a más de 200.000 personas que aguardan el dictamen legal para acceder al beneficio.
La asfixia presupuestaria no solo paralizó el ingreso de nuevos expedientes, sino que cortó los flujos financieros hacia el programa Incluir Salud, encargado de suministrar medicación compleja, prótesis, pañales y servicios de diálisis a los beneficiarios de todo el país. La falta de pago sostenida derivó en la suspensión de cadenas de suministros farmacéuticos y en la rescisión de contratos por parte de clínicas privadas y centros terapéuticos provinciales.
El costo social de la planilla de cálculo
El proyecto de Presupuesto para el próximo ejercicio contempla una reducción en términos reales superior al 40% para los programas asistenciales y de rehabilitación destinados a la discapacidad. Para alcanzar las metas de déficit cero pactadas con el Fondo Monetario Internacional, el Ejecutivo transformó a los sectores sin capacidad de presión corporativa en la principal variable de amortiguación del gasto público.
Prestadores independientes, transportistas escolares, terapistas ocupacionales y centros de día marcharon a la sede del organismo en reclamo de deudas acumuladas que superan los seis meses de antigüedad. Con honorarios devaluados por la inflación y aranceles fijados de manera arbitraria, cientos de instituciones comunitarias del conurbano y del interior del país comenzaron a cerrar sus puertas, arrojando a la angustia absoluta a miles de abuelos y padres que no cuentan con recursos para sostener el cuidado y la rehabilitación de sus familiares a su cargo.
Crueldad burocrática y desamparo familiar
La estrategia oficialista consistió en instalar la sospecha generalizada sobre el conjunto de los beneficiarios. Mediante resoluciones que imponen trámites digitales de alta complejidad para personas postradas, con discapacidades visuales o sin conectividad en zonas rurales, el Estado provocó bajas masivas de oficio por incomparecencia. Se utiliza la brecha digital y la burocracia estatal como una trampa diseñada deliberadamente para dar de baja derechos adquiridos.
La crisis generada trasciende el plano institucional: golpea directamente a los hogares más humildes y a la clase trabajadora, donde el cuidado de un familiar con discapacidad demanda un esfuerzo económico inasumible en medio de la escalada de tarifas de luz, gas, transporte y alimentos básicos.
Un límite moral que la Nación no puede cruzar
Una sociedad que abandona a sus enfermos, a sus ancianos y a sus niños con discapacidad renuncia a su dignidad esencial. La doctrina del justicialismo estableció con claridad meridiana que donde existe una necesidad, nace un derecho. Las pensiones por invalidez laboral no son dádivas ni concesiones discrecionales del funcionario de turno: son una conquista de la justicia social y un deber elemental de la Comunidad Organizada para garantizar que nadie quede a la intemperie del mercado salvaje. Frente a la crueldad deshumanizante, la sociedad argentina tiene la obligación moral de frenar este desmantelamiento.
