El blindaje de las redes sociales no puede tapar el ruido de una heladera vacía. Las encuestas y mediciones académicas que antes el oficialismo exhibía como trofeos de guerra, hoy encienden todas las alarmas en la Casa Rosada. El pueblo argentino agotó su paciencia y los números del ajuste ya no le cierran a nadie.
El último informe de la prestigiosa Universidad Torcuato Di Tella cayó como un balde de agua helada sobre la mesa chica del presidente. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró un desplome del 5,9% en el último mes. Los datos duros son lapidarios: 6 de cada 10 argentinos repudian el rumbo de la economía y anticipan que su situación personal empeorará a corto plazo.
El hechizo anarcocapitalista se fracturó en la vida cotidiana. Prometieron que el ajuste lo pagaba la casta, pero la motosierra cayó sobre los medicamentos de los jubilados, el salario de los trabajadores formales y las persianas de las PyMEs, la verdadera burguesía nacional que genera el empleo en la Argentina.
El gobierno intentó sostener la ilusión del “éxito económico” anclado en un superávit fiscal forzado. Sin embargo, ese superávit se construyó sobre la base de no pagar deudas, desfinanciar la salud pública, licuar jubilaciones y aplicar tarifazos que dejaron a familias enteras eligiendo entre comer o pagar la luz. La macroeconomía festejada por los fondos buitre es la misma que está asfixiando al mercado interno.
No hay algoritmo que pueda domar el hambre. Administrar el Estado como si fuera una financiera de riesgo, despreciando la producción nacional y el bienestar de las mayorías, tiene un límite sociológico y moral. Cuando el modelo solo ofrece recesión para los de adentro y negocios financieros para los de afuera, la pérdida de autoridad política es inevitable.
La cuenta regresiva empezó. Mientras el oficialismo busca traidores en su propio gabinete y pelea por cargos, la sociedad civil ya dictó su veredicto. El modelo de crueldad tiene los pies de barro y los argentinos ya se dieron cuenta.
