El silencio de las aulas vacías grita la verdad que el gobierno quiere ocultar. Hoy, 30 de septiembre, la comunidad universitaria nacional entera paralizó sus actividades. No es un capricho sindical; es la última línea de defensa frente a una motosierra que busca talar el futuro del país y destruir la joya de la corona argentina: la educación pública, gratuita y de calidad.
Las principales federaciones de docentes y nodocentes iniciaron un paro total de 72 horas con altísimo acatamiento desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. El reclamo es simple: que el gobierno cumpla la ley. Específicamente, la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por la Justicia, que el Ministerio de Economía de la Nación se niega sistemáticamente a ejecutar para sostener la ficción de su déficit cero.
Los salarios del personal universitario, muchos de ellos investigadores de primer nivel internacional, se encuentran por debajo de la línea de pobreza. A esto se suma la asfixia operativa: sin partidas actualizadas para gastos de funcionamiento, las facultades no pueden pagar la luz de los laboratorios, sostener los hospitales escuela ni garantizar las becas de los estudiantes de menores recursos.
Desde su asunción, Javier Milei y sus funcionarios han desplegado una campaña de estigmatización contra las casas de altos estudios, tildándolas de “centros de adoctrinamiento”. Este discurso busca preparar el terreno para un vaciamiento sistemático, calcando el modelo de privatización que margina a las clases populares de la educación superior en el resto del continente.
Despreciar el conocimiento no es un error económico, es una estrategia política. Un país con universidades fuertes forma ingenieros para su industria, médicos para su salud y científicos para su autonomía tecnológica. Un país con universidades quebradas solo exporta talento y queda condenado a ser una factoría subdesarrollada que aplaude a sus invasores financieros.
Las universidades no se venden ni se cierran. Durante estas 72 horas de huelga, el pueblo argentino acompañará a sus estudiantes y docentes. El gobierno libertario debe entender que la movilidad social ascendente no se borra con un decreto, y que la tiza manchada de pobreza terminará manchando su propio legado político.
