Docentes, investigadores y trabajadores universitarios volvieron a protestar por el financiamiento del sistema y el cumplimiento de la ley. Una decisión de la Corte dejó vigente una medida cautelar favorable al reclamo, mientras continúa la discusión sobre los aumentos pendientes.
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA VUELVE A DECIR BASTA
El conflicto universitario que acompaña al Gobierno desde prácticamente sus primeros meses sigue sin cerrarse.
Profesores, investigadores, trabajadores y autoridades de universidades públicas participaron esta semana en nuevas jornadas de paro y protesta para reclamar el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
La disputa ya atravesó el Congreso y llegó hasta la Justicia.
En junio, la Corte Suprema dejó vigente una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir aspectos vinculados con la actualización salarial y las becas contempladas por la norma.
El Gobierno sostiene que está cumpliendo con aumentos salariales y gastos de funcionamiento. Los sindicatos universitarios responden que todavía queda pendiente una recomposición adicional y reclaman la aplicación completa de la ley.
CUANDO EL AJUSTE LLEGA AL AULA Y AL LABORATORIO
La discusión presupuestaria no queda encerrada dentro de las universidades.
Afecta investigación, formación profesional, hospitales universitarios, becas, laboratorios y miles de trabajadores que sostienen diariamente el sistema público de educación superior.
Las protestas de esta semana reunieron también reclamos del sistema científico. Los manifestantes concentraron en el Obelisco y hubo medidas en distintas ciudades del país.
La Argentina construyó durante generaciones una universidad pública que permitió que hijos de trabajadores llegaran a carreras que, en muchos países, requieren fortunas.
Esa movilidad social forma parte de una tradición nacional que trasciende ampliamente a un gobierno.
Por eso, convertir la universidad exclusivamente en una columna de gastos sería una lectura demasiado corta.
Un país que pretende desarrollarse necesita ingenieros, médicos, científicos, docentes, técnicos e investigadores. También necesita empresas capaces de transformar ese conocimiento en producción y trabajo argentino.
El equilibrio fiscal puede ser una condición para ordenar el Estado. Pero educación y ciencia también son inversiones que determinan qué clase de país existirá dentro de diez o veinte años.
La pulseada continúa.
Y mientras Gobierno, Justicia, Congreso y sindicatos discuten números, miles de estudiantes esperan algo bastante elemental: que las universidades tengan los recursos necesarios para seguir abriendo sus puertas.
