La retórica de la austeridad y el sacrificio ajeno chocó de frente contra las puertas de los tribunales federales de Comodoro Py. En las últimas horas, el vocero presidencial con rango de secretario de Estado, Manuel Adorni, debió presentar un voluminoso escrito ante la Justicia federal para justificar la evolución de su patrimonio personal, bajo sospecha tras las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
En su descargo, el funcionario que a diario oficia de ariete comunicacional del ajuste libertario alegó que el salto de sus bienes, ahorros e inversiones responde a una evolución “razonable, lícita y verificable”. Sin embargo, los números analizados en la causa judicial exponen un contraste ético y social insalvable: mientras la economía real se derrumba, los jubilados caen en la indigencia y los trabajadores pierden poder de compra, la economía doméstica del vocero oficial florece al calor de la función pública.
El atril de la soberbia vs. la realidad de los abuelos
Desde que asumió su cargo en la Casa Rosada, Adorni construyó un personaje basado en la ironía, el cinismo y la descalificación sistemática a todo aquel que ose reclamar por sus derechos. Fue él quien festejó el despido de decenas de miles de empleados estatales, quien justificó el veto al aumento de los haberes jubilatorios y quien desestimó el reclamo por medicamentos oncológicos y tratamientos de alta complejidad asegurando que “no hay plata”.
No obstante, las restricciones presupuestarias que el vocero predica con rigidez espartana para el pueblo parecen suspenderse mágicamente a la hora de liquidar sus propios ingresos y los de su entorno. Ascendido rápidamente a rango de secretario de Estado con un sueldo de privilegio que supera con creces lo que percibe un médico de hospital público o un docente tras treinta años de antigüedad, Adorni completó el cuadro con la designación de su propio hermano, Francisco Adorni, en un encumbrado cargo en el Ministerio de Defensa con remuneraciones millonarias.
La multiplicación de los panes de la casta
La investigación judicial sobre su patrimonio pone la lupa sobre la adquisición de bienes, movimientos en moneda extranjera y saltos cuantitativos en sus activos que no se condicen con la parálisis económica que sufren las PyMEs y los profesionales independientes del país. Aquel panelista televisivo que denostaba al Estado como “una organización criminal” terminó encontrando en los pasillos de Balcarce 50 el negocio más lucrativo de su vida privada.
Para los jubilados argentinos que cobran una mínima de subsistencia y hacen malabares en la farmacia para adquirir la mitad de los comprimidos que les recetan, la bonanza del portavoz presidencial representa una bofetada moral. No se trata de un simple expediente judicial: es la prueba documental de que la “motosierra” fue un ardid de marketing para transferir recursos desde los bolsillos de la sociedad hacia una camarilla de cortesanos apoltronados en el poder.
El juicio ético del peronismo
La doctrina justicialista enseñó que la política es una vocación de servicio inspirada en el amor al pueblo y en la búsqueda irrenunciable de la justicia social. Juan Domingo Perón y Eva Perón concibieron al servidor público como un militante de la causa popular, jamás como un privilegiado que utiliza el atril del Estado para humillar a los desposeídos mientras engorda su cuenta bancaria.
El espectáculo de un funcionario que vive en la opulencia estatal mientras le exige sacrificios bíblicos a los abuelos marca el límite ético del experimento libertario. El pueblo argentino no tolera la hipocresía de los falsos cruzados morales que privatizan la ganancia y socializan el hambre. La explicación que Adorni le debe a la Justicia es solo el prólogo del veredicto más inapelable: el de la historia y el del pueblo trabajador organizado.
