La Casa Rosada acelera un acuerdo para suspender las PASO y allanar la reelección en 2027. Mientras el Gobierno arma su estrategia electoral, el consumo cae, desaparecen empleos y millones de familias ya no pueden esperar.
El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar cuáles son sus verdaderas prioridades. Mientras la economía real golpea a trabajadores, jubilados, comerciantes y pequeñas empresas, la Casa Rosada acelera una maniobra política para suspender las PASO y facilitar el camino hacia la reelección presidencial en 2027.
La jugada busca evitar un balotaje incierto y ordenar el tablero electoral a favor de La Libertad Avanza. Dentro del oficialismo consideran que el acuerdo con gobernadores y bloques aliados está avanzado, aunque todavía quedan negociaciones por cerrar en el Congreso.
Detrás del discurso sobre el ahorro electoral aparece una estrategia mucho más profunda. El Gobierno pretende modificar las reglas mientras el partido ya está en marcha, debilitar a una oposición fragmentada y construir las condiciones necesarias para que Milei intente ganar en primera vuelta.
EL PODER NEGOCIA MIENTRAS EL PUEBLO PAGA EL AJUSTE
La suspensión de las PASO no se discute en soledad. Gobernadores y dirigentes provinciales reclaman fondos, autorizaciones para tomar créditos, concesiones de rutas, obras y participación en decisiones económicas estratégicas.
A cambio de esos beneficios, el oficialismo buscaría los votos necesarios para frenar las primarias. La negociación también contempla que La Libertad Avanza reduzca su competencia en algunas provincias para no perjudicar a mandatarios aliados, quienes luego deberían respaldar la candidatura presidencial de Milei.
El esquema expone una política puramente transaccional. Cada gobernador conservaría su territorio y el oficialismo recibiría apoyo nacional. De esta manera, la llamada lucha contra la casta termina convertida en una mesa de acuerdos, cargos, recursos y conveniencias electorales.
La Casa Rosada también analiza diferentes mecanismos para dividir a la oposición, acordar listas conjuntas o evitar presentar candidatos propios en determinados distritos. Incluso aparecen alternativas que el propio espacio libertario criticó durante años.
UNA ELECCIÓN DISEÑADA PARA EVITAR EL BALOTAJE
El objetivo central es que Milei consiga la reelección en primera vuelta. Para lograrlo necesita superar el 45 por ciento de los votos o alcanzar el 40 por ciento con una diferencia mínima de diez puntos sobre el segundo candidato.
Ese escenario parece difícil en una Argentina atravesada por la caída del poder adquisitivo, la destrucción del empleo y el deterioro del consumo. Por eso, el balotaje es visto dentro del Gobierno como un riesgo que debe evitarse.
Una segunda vuelta podría reunir detrás de otro candidato a millones de argentinos descontentos con el modelo económico. Frente a ese peligro, el oficialismo busca acomodar el calendario, cerrar acuerdos territoriales y suspender las PASO antes de que el malestar social se convierta en una derrota electoral.
La reforma no resolverá los problemas de la gente. Ningún cambio en las reglas electorales recuperará un puesto de trabajo, abrirá una fábrica ni permitirá que un jubilado compre sus medicamentos.
DESEMPLEO, DEUDAS Y COMERCIOS VACÍOS
Mientras el Gobierno piensa en 2027, la economía cotidiana muestra señales alarmantes. El consumo masivo acumuló siete meses consecutivos de caída y más de diez millones de trabajadores perciben ingresos inferiores a 1.500.000 pesos mensuales.
En los últimos doce meses desaparecieron alrededor de 141.700 puestos de trabajo registrados. Desde el comienzo de la gestión libertaria, la pérdida superaría los 329.000 empleos entre el sector público y el privado.
Esos números representan familias que perdieron estabilidad, comercios que bajaron sus persianas y trabajadores que quedaron sin futuro. La destrucción avanza sobre la industria, la construcción y la actividad comercial, mientras el Gobierno celebra indicadores financieros que no llegan al bolsillo del pueblo.
El endeudamiento familiar también se transformó en una emergencia. Miles de hogares utilizan tarjetas, créditos y billeteras virtuales para comprar alimentos, pagar servicios o cubrir gastos básicos.
La mora bancaria llegó al 7,6 por ciento y el atraso en las billeteras virtuales trepó al 29,6 por ciento. Ya no se trata de financiar un consumo extraordinario. Una parte creciente de la sociedad se endeuda simplemente para sobrevivir.
JUBILADOS ABANDONADOS Y SALARIOS DESTRUIDOS
Los jubilados continúan entre los sectores más castigados por el ajuste. La mínima, incluido el bono de 70.000 pesos, quedó en 481.989,33 pesos, una cifra insuficiente para cubrir alimentos, medicamentos, alquileres y servicios esenciales.
Cada anuncio oficial sobre equilibrio fiscal tiene como contracara un adulto mayor que debe elegir entre comer o comprar remedios. El costo del ajuste no lo paga la política, sino quienes trabajaron durante toda su vida y hoy reciben ingresos que no garantizan una vejez digna.
Los salarios tampoco ofrecen alivio. Aunque el Gobierno insiste con un relato de recuperación, millones de trabajadores observan cómo sus ingresos pierden capacidad de compra frente al aumento de los servicios, el transporte y los alimentos.
La economía de las familias contradice todos los discursos. Los hogares reducen consumos, acumulan deudas y postergan gastos básicos, mientras el poder político concentra sus energías en preparar una elección que todavía está a más de un año.
LA MITAD DEL PAÍS YA NO PUEDE ESPERAR
Los estudios de opinión reflejan el desgaste del Gobierno. Un promedio de encuestas ubica la aprobación de la gestión libertaria en el 39,2 por ciento, mientras la desaprobación alcanza el 56,2 por ciento.
Apenas el 16 por ciento considera que la situación del país es buena. En cambio, el 48 por ciento la define como mala y solamente el 26 por ciento cree que la economía estará mejor durante el próximo año.
El dato más grave indica que la mitad de la población ya no está dispuesta a esperar una mejora en su situación personal. Ese porcentaje representa una alarma política que ninguna negociación parlamentaria puede ocultar.
La desesperación social explica la urgencia electoral de la Casa Rosada. El Gobierno sabe que el tiempo corre y que la paciencia popular tiene un límite.
LA CASTA CAMBIÓ DE COLOR, PERO SIGUE NEGOCIANDO
Milei llegó al poder prometiendo terminar con la casta, los acuerdos de dirigentes y las maniobras de la vieja política. Sin embargo, ahora necesita gobernadores, legisladores y estructuras provinciales para garantizar su continuidad.
La contradicción es evidente. Quienes denunciaban cualquier pacto como una traición hoy negocian recursos, candidaturas y territorios para sostenerse en el poder.
La suspensión de las PASO puede ser presentada como una medida administrativa, pero en este contexto aparece como una herramienta para favorecer al oficialismo. Cambiar las reglas electorales mientras crece la desaprobación social deja al descubierto una debilidad que el Gobierno intenta esconder detrás de la propaganda.
Argentina necesita producción, empleo, salarios dignos y protección para sus jubilados. También requiere un Estado que defienda a las pequeñas y medianas empresas, acompañe a los trabajadores y garantice justicia social.
Mientras el pueblo reclama soluciones urgentes, Milei prepara su reelección. La Casa Rosada puede cerrar acuerdos, negociar votos y modificar calendarios, pero no podrá suspender la realidad de millones de argentinos que ya no llegan a fin de mes.
