Unos 1.200 camiones pesados atraviesan cada día el territorio pampeano rumbo al yacimiento neuquino y aceleran el deterioro de rutas que no fueron diseñadas para semejante tránsito. Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, la provincia impulsa una tasa vial para que el costo del negocio petrolero no recaiga únicamente sobre el pueblo.
VACA MUERTA MUEVE MILLONES, PERO LAS RUTAS SE ROMPEN
El gobierno de La Pampa busca cobrar un peaje a los camiones que atraviesan la provincia rumbo a Vaca Muerta. La iniciativa pretende crear un Fondo de Desarrollo y Conservación Vial para reparar caminos sometidos a una circulación pesada que creció de manera explosiva durante los últimos años.
Mientras la explotación energética es presentada como uno de los grandes motores económicos del país, las consecuencias quedan cada vez más expuestas sobre el territorio. Las empresas transportan arena, insumos y cargas hacia la cuenca neuquina, pero el deterioro del pavimento termina siendo financiado por una provincia que no participa directamente de esa producción.
Alrededor de 1.200 camiones circulan diariamente por rutas pampeanas con arena destinada a las operaciones de fractura hidráulica. A ese movimiento se suman los bitrenes, unidades de gran capacidad cuyo peso provoca un impacto todavía mayor sobre caminos construidos para un volumen muy inferior.
La postal resulta brutal: el petróleo genera negocios millonarios, mientras las rutas se agrietan, aumentan los riesgos de accidentes y los habitantes deben convivir con una infraestructura cada vez más castigada.
UNA TASA PARA QUE EL DAÑO NO LO PAGUE EL PUEBLO
El proyecto impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto apunta a los vehículos de carga pesada con cinco o más ejes que lleguen desde otras jurisdicciones. Los transportistas radicados en La Pampa que ya abonan el Impuesto Automotor quedarían fuera de la medida.
Según la propuesta, el 90 por ciento de lo recaudado ingresará al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial. El 10 por ciento restante será distribuido entre los municipios, que deberán utilizarlo específicamente para infraestructura y mantenimiento de caminos.
La lógica es directa: quienes utilizan las rutas provinciales para sostener un negocio ajeno a la producción pampeana deberán contribuir a reparar el daño que provocan. No se trata solamente de recaudar, sino de impedir que toda la factura recaiga sobre jubilados, trabajadores, comerciantes y familias de la provincia.
Rodrigo Cadenas, titular de la Dirección Provincial de Vialidad, explicó que el tránsito vinculado con Vaca Muerta no corresponde a ninguna actividad productiva local. Por ese motivo, el Ejecutivo considera que los transportistas que no tributan en La Pampa deben aportar mediante el peaje.
EL TRÁNSITO PESADO DESBORDÓ LAS RUTAS PAMPEANAS
Los camiones comienzan su recorrido en la cuenca del Paraná y avanzan hacia Neuquén. Sin embargo, muchos transportistas eligen utilizar rutas provinciales porque distintos tramos nacionales presentan un severo deterioro.
Esa decisión trasladó el problema hacia los corredores pampeanos. Las rutas provinciales 1, 14 y 18 reciben hoy una cantidad de vehículos pesados muy superior a la contemplada en su diseño original.
La Ruta Provincial 1 muestra uno de los cuadros más alarmantes. El tránsito pasó de aproximadamente 300 camiones diarios a más de 800, una suba que prácticamente triplicó la presión sobre el pavimento.
Cada formación pesada acelera el desgaste, aumenta los costos de mantenimiento y reduce la vida útil de la calzada. Sin inversiones constantes, el deterioro se profundiza y convierte el tránsito cotidiano en una amenaza para transportistas y automovilistas.
NACIÓN SE RETIRA Y LAS PROVINCIAS PAGAN LA CUENTA
La crisis vial pampeana también revela una consecuencia directa del ajuste aplicado por el Gobierno nacional. La paralización de la obra pública y la falta de mantenimiento sobre numerosos corredores dejaron a las provincias frente a una emergencia que antes debía atender el Estado federal.
Desde fines de 2023, La Pampa desarrolla junto con el Consejo Federal de Inversiones un estudio integral sobre el estado de su red vial. Paralelamente, presentó reclamos ante Vialidad Nacional y el Ministerio de Economía para obtener respuestas sobre las rutas nacionales que atraviesan la provincia.
El gobierno pampeano incluso pidió el traspaso de unos 600 kilómetros de caminos nacionales para encargarse de su operación. La negociación fracasó porque la provincia exigió que la transferencia incluyera los recursos necesarios para sostenerlos.
La postura nacional fue otra: entregar las rutas sin garantizar el financiamiento correspondiente. Traducido a la vida real, el modelo de Javier Milei pretende transferir obligaciones, desprenderse de costos y dejar a los gobernadores frente a una infraestructura destruida.
Ese supuesto federalismo es, en realidad, abandono. La Nación se retira, las provincias asumen la emergencia y los ciudadanos terminan pagando por servicios y obras que ya deberían estar contemplados dentro de los impuestos nacionales.
EL AJUSTE TAMBIÉN SE MIDE EN BACHES Y ACCIDENTES
El mal estado de las rutas no es un problema administrativo ni una discusión entre funcionarios. Cada pozo, cada banquina destruida y cada tramo sin mantenimiento representa un riesgo concreto para la vida de miles de personas.
Transportistas, trabajadores, estudiantes y familias circulan diariamente por caminos atravesados por camiones de enorme porte. Cuando el pavimento cede y la inversión desaparece, las posibilidades de accidentes graves aumentan.
La situación ya se extiende por buena parte del país. Santa Fe decidió asumir durante veinte años la administración y rehabilitación de la Ruta Nacional A012, mientras también se preparan acuerdos sobre corredores de Río Negro y otras jurisdicciones.
El Gobierno nacional avanza con la transferencia de más de mil kilómetros de rutas, pero sin una política de financiamiento integral. Así, la responsabilidad se descentraliza mientras los recursos permanecen concentrados en Buenos Aires.
¿QUIÉN PAGA EL COSTO REAL DE VACA MUERTA?
Vaca Muerta puede representar una oportunidad estratégica para la Argentina, pero su desarrollo no puede sostenerse sobre provincias empobrecidas, rutas destruidas y comunidades expuestas al peligro.
La energía debe estar al servicio del desarrollo nacional, la producción y el bienestar colectivo. Cuando las ganancias quedan en pocas manos y los costos se reparten entre la población, el modelo deja de ser desarrollo y se convierte en saqueo territorial.
La iniciativa pampeana busca que quienes se benefician con el tránsito hacia el yacimiento también se hagan cargo de una parte del impacto. El peaje todavía deberá atravesar el debate legislativo, aunque la discusión ya expuso una verdad imposible de ocultar.
Mientras el Gobierno de Milei festeja números y promete inversiones futuras, las provincias enfrentan el presente con rutas rotas, obras paralizadas y presupuestos al límite. La riqueza circula en camiones hacia Vaca Muerta, pero el abandono queda marcado para siempre sobre el asfalto.
