Mientras la Casa Rosada apura en el Congreso proyectos económicos, cambios sobre la propiedad privada y nuevas reglas para las inversiones, una de las reformas que el propio Gobierno presentó como prioritaria vuelve a quedar relegada. El nuevo Código Penal sigue sin llegar al Parlamento y las diferencias dentro del oficialismo exponen una demora difícil de disimular.
El nuevo Código Penal volvió a quedar fuera de la hoja de ruta inmediata del Gobierno de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada acelera negociaciones para conseguir votos en el Congreso y avanzar con buena parte de su programa político y económico, la reforma penal continúa atrapada en una discusión interna que lleva meses sin resolverse.
La situación marca una contradicción evidente para una administración que hizo del endurecimiento de las penas y del discurso de “el que las hace, las paga” una de sus principales banderas. El proyecto fue anunciado, revisado, discutido y vuelto a modificar, pero todavía no consiguió transformarse en una iniciativa concreta lista para comenzar su recorrido parlamentario.
En cambio, la prioridad oficial pasa hoy por otros proyectos. En el Senado aparecen el denominado Súper RIGI y la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada, mientras también siguen en carpeta modificaciones electorales, desregulaciones y cambios vinculados con los subsidios de las denominadas Zonas Frías.
Para Diputados, la Casa Rosada reserva además dos cuestiones consideradas centrales dentro de su programa económico: una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y modificaciones relacionadas con la denominada Inocencia Fiscal.
MUCHA URGENCIA PARA ALGUNAS REFORMAS, DEMORA PARA EL CÓDIGO PENAL
El contraste empieza a pesar políticamente. Cuando se trata de reformas económicas y regulatorias, el Poder Ejecutivo intenta imprimir velocidad al Congreso. Sin embargo, una modificación de enorme trascendencia institucional como el nuevo Código Penal continúa esperando que el propio oficialismo consiga ponerse de acuerdo puertas adentro.
El problema no parece estar solamente en los tiempos parlamentarios. La principal dificultad está dentro del Gobierno.
El proyecto original había sido preparado por un equipo de especialistas y llegó a contemplar alrededor de 900 artículos. La intención inicial era avanzar con una reforma integral del sistema penal argentino.
Ese camino comenzó a cambiar con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Después de revisar lo elaborado anteriormente, el funcionario planteó una estrategia diferente: en lugar de reemplazar prácticamente todo el Código vigente con un texto gigantesco, propuso modificar su estructura actual y avanzar primero con un paquete específico de reformas.
La diferencia no fue menor.
Desde sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo continuaron defendiendo buena parte del trabajo realizado originalmente. A partir de allí comenzó un intercambio entre Justicia y la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzábal Murphy, que todavía no consiguió cerrar completamente las diferencias.
LA INTERNA OFICIALISTA FRENA UNA REFORMA QUE EL PROPIO MILEI PRESENTÓ COMO PRIORITARIA
La discusión deja al descubierto uno de los problemas que enfrenta la Casa Rosada cuando pasa del discurso a la letra fina de sus reformas.
Una cosa es anunciar penas más duras frente a una cámara. Otra muy distinta es redactar cientos de artículos, compatibilizarlos con el sistema jurídico vigente, conseguir acuerdo dentro del Gobierno y después reunir las mayorías necesarias en el Congreso.
El oficialismo todavía no pudo completar ese recorrido.
Por eso, el proyecto que finalmente llegue al Parlamento podría ser bastante menos ambicioso que el anunciado originalmente. En lugar de un Código Penal completamente nuevo, el Ejecutivo analiza avanzar inicialmente con modificaciones puntuales destinadas a aumentar penas e incorporar nuevas figuras delictivas.
Entre ellas aparecen modalidades que ganaron protagonismo durante los últimos años, como las estafas piramidales, las denominadas “viudas negras”, los motochorros y las entraderas bancarias.
También se estudian delitos financieros más complejos, operaciones de lavado mediante activos virtuales y nuevas conductas vinculadas con organizaciones criminales que utilizan tecnología para mover dinero o desarrollar actividades ilegales.
El narcotráfico tendría, a su vez, un sistema escalonado que diferenciaría producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.
EL CONGRESO TIENE OTRAS PRIORIDADES MARCADAS DESDE LA CASA ROSADA
Mientras esa discusión sigue abierta, Milei decidió poner el capital político del Gobierno en otros frentes.
El oficialismo necesita votos y sabe que no puede abrir simultáneamente todas las batallas parlamentarias. Por ese motivo ordenó prioridades y dejó la cuestión penal para una etapa posterior.
Ahí aparece el dato político central: el Código no está retrasado solamente porque el Congreso tenga una agenda cargada. Está demorado porque el Gobierno todavía discute qué Código quiere presentar.
Esa diferencia importa.
La administración libertaria reclama rapidez legislativa cuando necesita aprobar sus reformas, pero en una cuestión que depende fundamentalmente de la elaboración del propio Poder Ejecutivo lleva meses de idas y vueltas.
Para el ciudadano que escucha hablar todos los días de inseguridad, narcotráfico, motochorros, estafas digitales y crimen organizado, semejante demora difícilmente sea un detalle burocrático.
DEL “EL QUE LAS HACE, LAS PAGA” A UN PROYECTO QUE TODAVÍA NO LLEGA
El Gobierno construyó una parte importante de su discurso de seguridad alrededor del endurecimiento penal. Sin embargo, el texto destinado a materializar aquella promesa continúa pasando de escritorio en escritorio.
La Casa Rosada pretende ahora resolver la diferencia mediante un paquete más acotado. Eso permitiría avanzar con modificaciones consideradas urgentes sin esperar la elaboración definitiva de una reforma integral.
Incluso la intención de prohibir legalmente la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal, que inicialmente estaba contemplada dentro de la reforma penal, terminaría transitando otro camino.
Ese punto sería enviado junto con las modificaciones relacionadas con el funcionamiento del Banco Central.
Así, aquella gran reforma presentada como una transformación estructural se fragmenta mientras el Gobierno intenta acomodar su agenda legislativa.
Argentina necesita discutir seriamente cómo combatir delitos que cambiaron radicalmente con la tecnología, cómo enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas y cómo actualizar normas elaboradas para otra realidad histórica. Una transformación semejante exige mucho más que consignas de campaña o anuncios de alto impacto.
Mientras Milei acelera sus reformas económicas y busca votos para modificar reglas centrales del país, el nuevo Código Penal continúa esperando.
Y esta vez el principal obstáculo no está en la oposición.
Está dentro del propio Gobierno.
