Un incendio permitió descubrir las condiciones extremas en las que permanecían adultos mayores y personas con discapacidad dentro de una vivienda sin habilitación. Uno de los residentes habría provocado el fuego para pedir ayuda después de pasar cuatro días sin alimentos.
Un incendio en un geriátrico clandestino en Santa Fe destapó una escena estremecedora. Siete adultos mayores y personas con discapacidad permanecían hacinados, sin alimentación suficiente, con escasa atención médica y bajo denuncias de retención de documentos, tarjetas y pertenencias.
El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles en una vivienda del barrio Nuevo Horizonte. El lugar funcionaba como un supuesto hogar de tránsito, aunque no contaba con habilitación oficial ni con las condiciones necesarias para cuidar a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
La llegada de bomberos, policías y asistentes sociales permitió observar el interior del establecimiento. Varias camas estaban amontonadas dentro de una misma habitación, el mobiliario era escaso y las pertenencias de los residentes se encontraban acumuladas en diferentes sectores de la casa.
PRENDIÓ FUEGO UN COLCHÓN PARA QUE ALGUIEN LOS ESCUCHARA
La investigación intenta determinar si el incendio fue iniciado intencionalmente por uno de los residentes. El hombre habría reconocido que prendió fuego un colchón con el objetivo de llamar la atención de los vecinos y conseguir que las autoridades ingresaran a la vivienda.
Según su testimonio, los alojados llevaban cuatro días sin recibir alimentos. La denuncia dejó al descubierto una situación desesperante: no había pan, yerba, azúcar ni productos básicos para garantizar una comida digna.
Uno de los adultos mayores aseguró que le habían prometido atención, alimentación y un lugar seguro para vivir. Sin embargo, afirmó que la realidad fue completamente diferente y que las condiciones empeoraron desde su llegada.
El geriátrico clandestino en Santa Fe habría cobrado alrededor de 300.000 pesos mensuales por cada residente. Algunos denunciaron que los responsables retenían sus tarjetas de cobro y retiraban directamente el dinero correspondiente a sus jubilaciones o pensiones.
“ME TIENEN SECUESTRADO”: LA DENUNCIA DE UN HOMBRE DE 80 AÑOS
Entre los testimonios más graves aparece el de Luis César Arriola, un jubilado de 80 años y exchofer de colectivos. El hombre manifestó que llevaba dos años sin documentación, sin dinero y sin la posibilidad de comunicarse libremente con el exterior.
Además, aseguró que no recibía controles médicos y que no le permitían abandonar la vivienda. Su relato también describió episodios de maltrato verbal y psicológico por parte de quienes administraban el lugar.
Otro residente señaló que había llegado al establecimiento después de permanecer internado por una neumonía. Lejos de recibir los cuidados prometidos, denunció que le quitaron la tarjeta con la que cobraba sus ingresos y que el encargado retiraba el dinero.
Las acusaciones deberán ser comprobadas por la Justicia. No obstante, los testimonios coinciden en describir una trama de abandono, despojo económico y pérdida absoluta de autonomía.
VECINOS COMPRABAN COMIDA PARA EVITAR QUE PASARAN HAMBRE
La falta de recursos era tan profunda que algunos vecinos colaboraban con dinero para comprar alimentos. Un habitante del barrio contó que su propia hija prestaba plata a uno de los empleados para que pudiera llevar comida a los adultos mayores.
Dentro de ese cuadro dramático, también destacaron la actitud de un trabajador que realizaba compras, cuidaba a los residentes y los ayudaba con su higiene personal. La Policía de Investigaciones detuvo a un empleado, mientras avanza la identificación de las responsabilidades individuales.
Tras el incendio, seis de las siete personas alojadas fueron trasladadas a una institución habilitada bajo la supervisión de asistentes sociales de la Municipalidad de Santa Fe. Allí quedaron resguardadas y comenzaron a recibir atención profesional.
EL NEGOCIO DE LA VEJEZ ABANDONADA
El caso vuelve a encender una alarma sobre el circuito clandestino que lucra con la necesidad de las familias y la vulnerabilidad de los jubilados. Mientras millones de adultos mayores padecen el deterioro de sus ingresos, la falta de controles permite que aparezcan establecimientos improvisados que convierten el cuidado en un negocio sin humanidad.
Ningún jubilado debería tener que incendiar un colchón para conseguir un plato de comida o para que el Estado escuche su pedido de auxilio. La protección de la vejez no puede quedar librada al mercado, a la caridad de los vecinos ni a instituciones que operan fuera de la ley.
La investigación judicial continuará para establecer quién administraba el inmueble, qué ocurrió con el dinero de los residentes y por qué las víctimas llegaron hasta ese lugar. También se deberá determinar si existieron omisiones en los controles y si otras personas participaron de las presuntas maniobras denunciadas.
Detrás de las paredes quemadas quedó expuesta una realidad dolorosa: hombres y mujeres que trabajaron toda su vida terminaron sin comida, sin documentos y sin poder decidir sobre su propio dinero. Esta vez, el fuego no solamente destruyó un colchón. También iluminó un horror que permanecía oculto.
