La CGT, las dos CTA, la UTEP, movimientos sociales, organizaciones estudiantiles y agrupaciones populares preparan una multitudinaria movilización desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo. Frente al ajuste, los despidos, la precarización y la entrega del patrimonio nacional, la calle vuelve a convertirse en el último refugio de un pueblo golpeado.
La marcha de San Cayetano contra Milei promete convertirse en una de las mayores demostraciones populares de los últimos años. El viernes 7 de agosto, columnas de trabajadores, desocupados, jubilados, estudiantes, organizaciones sociales y militantes partirán desde la basílica de Liniers hacia Plaza de Mayo bajo una consigna que golpea directamente al corazón del modelo libertario: “Tierra, Techo y Trabajo”.
Mientras el Gobierno festeja cifras de escritorio y repite discursos sobre una recuperación que millones de argentinos no encuentran en sus hogares, los barrios populares enfrentan una realidad completamente diferente. Falta comida, se multiplican las deudas, se destruyen empleos y crece la desesperación de las familias que ya no pueden cubrir sus necesidades básicas.
Los organizadores aseguran que será “la marcha más grande de la década”. La convocatoria estará encabezada por la Confederación General del Trabajo, las dos centrales de trabajadores, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y numerosas organizaciones territoriales que vienen denunciando el impacto social del ajuste aplicado por la administración de Javier Milei.
EL AJUSTE YA NO SE PUEDE ESCONDER
Desde que comenzó la ofensiva económica del Gobierno, los sectores populares cargan con el costo de un programa que castiga el trabajo, reduce la asistencia social y debilita la producción argentina. El relato del supuesto orden económico se derrumba cada vez que una familia debe elegir entre comprar alimentos, pagar los servicios o conseguir los medicamentos de sus integrantes.
Dirigentes sociales denunciaron, además, el cierre del programa Volver al Trabajo y la interrupción de una transferencia mensual de 78.000 pesos que alcanzaba a cerca de un millón de personas. Según lo señalado por las organizaciones convocantes, casi ocho de cada diez familias de los barrios populares estarían salteando comidas para poder sobrevivir.
Esa situación no puede ser presentada como un simple “sacrificio necesario”. Se trata de una emergencia social que avanza mientras desde la Casa Rosada se protege a los sectores concentrados, se habilitan negocios para grandes capitales y se pretende disciplinar a quienes se animan a protestar.
El peronismo nació para enfrentar precisamente este tipo de injusticias. Allí donde el mercado abandona a una persona, debe aparecer una comunidad organizada que defienda la dignidad, el empleo y la justicia social. Ningún equilibrio fiscal puede construirse sobre el hambre de los niños, la angustia de los jubilados o la destrucción del trabajo argentino.
ARGENTINA NO SE VENDE
La movilización del 7 de agosto estará precedida por otra jornada de lucha. Un día antes, sindicatos, movimientos populares y organizaciones sociales se concentrarán frente al Congreso para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo.
Las entidades convocantes advierten que la iniciativa podría afectar los límites existentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, incluyendo campos ubicados en zonas sensibles y de frontera. También alertan sobre sus posibles consecuencias en materia de vivienda, desalojos, tierras comunitarias, ambiente y soberanía nacional.
Detrás de palabras cuidadosamente seleccionadas como “libertad” o “propiedad privada”, el Gobierno intenta avanzar con un modelo que puede dejar recursos estratégicos en manos de intereses extranjeros. El pueblo argentino ya conoce las consecuencias de esas políticas: concentración de la riqueza, entrega del patrimonio nacional, destrucción industrial y dependencia económica.
La consigna “Argentina no se vende” recorrerá las calles durante toda la semana con banderazos, talleres, radios abiertas y recolección de firmas. Incluso sectores religiosos y comunitarios manifestaron su preocupación frente al proyecto, demostrando que el rechazo excede ampliamente las fronteras partidarias.
UNA MARCHA CON MEMORIA Y RESISTENCIA
La peregrinación de San Cayetano cumple diez años desde aquella primera gran convocatoria realizada en 2016. Su historia está vinculada con las luchas por la emergencia social, el salario complementario y el reconocimiento de millones de trabajadores excluidos del empleo formal.
También recupera la memoria de la histórica movilización encabezada por Saúl Ubaldini durante la última dictadura militar. En aquel momento, como ahora, la defensa del trabajo se convirtió en una bandera capaz de unir a distintos sectores frente a un poder que buscaba imponer el miedo y el silencio.
Actualmente, referentes de la economía popular aseguran que el 45 por ciento de los trabajadores argentinos se encuentra en condiciones de precariedad laboral. Frente a semejante escenario, la marcha de San Cayetano contra Milei será mucho más que una protesta: representará el grito de un país que se niega a naturalizar la miseria.
AGOSTO CALIENTA LAS CALLES
La peregrinación será el comienzo de un mes marcado por paros, movilizaciones y reclamos. Trabajadores estatales, docentes, universitarios, jubilados y organizaciones productivas preparan diferentes medidas para exigir salarios dignos, frenar los despidos y denunciar el derrumbe de la actividad económica.
Durante las semanas siguientes también se anunciarán acciones para visibilizar el endeudamiento de millones de familias que quedaron fuera del sistema crediticio. El calendario culminará con una movilización vinculada al Día de la Industria, en medio de una creciente preocupación por la caída de la producción y la pérdida de puestos de trabajo.
Milei prometió terminar con la casta, pero el ajuste cayó sobre trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes y sectores vulnerables. Lejos de pagar la política, pagan los mismos de siempre: quienes producen, quienes trabajan y quienes dependen de un Estado presente para vivir con dignidad.
El 7 de agosto, las calles volverán a hablar. Frente a un Gobierno que pretende gobernar de espaldas al sufrimiento popular, una multitud marchará para recordar que la patria no es una empresa, que los derechos no son privilegios y que la justicia social no se negocia.
Cuando falta el pan, cuando el trabajo desaparece y cuando la soberanía se pone en venta, el pueblo tiene el derecho y la obligación de levantarse.
